México retrocede en la lucha contra la corrupción, por el debilitamiento de las instituciones

Jaime Chávez, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, considera que México ha retrocedido en la lucha contra la corrupción debido al debilitamiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley, pese a contar con la mejor legislación en América Latina.

Esta declaración la da, después de darse a conocer los resultados de la Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022, en la que México obtuvo una calificación de 5.64 sobre un 10 posible, el abogado indicó que el reporte deja en claro que no es suficiente con tener buenas leyes si se carece de instituciones independientes y con capacidad técnica.

“Para el caso de México, lo que la comunidad jurídica está viendo es que se están debilitando las instituciones, se debilita la capacidad de las instituciones, y a esto se suma que hay un uso político de la agenda anticorrupción. Esto mina la lucha contra la corrupción”, indicó.

“Quedó muy claro que las autoridades no tienen la independencia, por ejemplo, como se mencionó, la Secretaría de la Función Pública hace sólo lo que dice el Presidente. También se resaltó el uso político de la UIF, que existe en casi todos los países de la región, pero que en México se ve que está teniendo una participación política muy importante que en otras naciones no existe”.

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El reporte es elaborado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, con base en la opinión que la comunidad jurídica de 17 países de América Latina externa sobre la legislación, la implementación y el papel de las autoridades en la lucha anticorrupción.

México es el país de la región con la calificación más alta en cuanto al marco legal al obtener 9.30; sin embargo, en capacidad institucional es de los más bajos, al sumar 3.50, y respecto a la implementación, se ubicó en la parte media con 4.83 puntos.

Chávez dijo que este contraste, entre tener un buen marco legal y una baja capacidad institucional, lo evidencia el hecho de que el País ha pasado de construir en 2015 un Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por ciudadanos a atacar a las organizaciones de la sociedad civil desde el Poder Ejecutivo.

“Una de las cuestiones que también trae el reporte es evaluar qué tanto la sociedad civil tiene mecanismos de participación y uno de los retrocesos más importantes en México tiene que ver con esto”, refirió.

“Pasamos de crear un Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por la sociedad civil -aunque ahora está un poco inactivo-, a ver que el Presidente de la República ataque a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción o a periodistas por dar a conocer casos de corrupción, eso es algo que genera mucha preocupación”.