Abren la puerta a la eutanasia: diputaciones debaten casos de salud crítica
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Comisiones legislativas del Estado de México recibieron una iniciativa que propone autorizar la eutanasia en casos de enfermedades graves o terminales, lo cual podría marcar un cambio relevante en la regulación del derecho a morir con dignidad
CDMX.- El Congreso del Estado de México analizó una iniciativa que busca permitir la eutanasia a personas que padecen enfermedades graves o incurables y desean una muerte asistida.
La propuesta fue turnada a diversas comisiones legislativas para determinar el procedimiento de consulta: si serán convocados foros deliberativos o si se recurrirá sólo a análisis técnicos con especialistas.
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El diputado Isaac Josué Hernández Méndez, quien impulsa la iniciativa, afirmó que su objetivo es garantizar el derecho de quienes se encuentran en fase terminal o padecen condiciones médicas que afectan gravemente su calidad de vida.
Según el planteamiento legislativo, la eutanasia se contemplaría como alternativa cuando no existan esperanzas de cura y cuando los cuidados paliativos no sean suficientes para evitar un sufrimiento intolerable. El documento apunta a ajustar la ley local de voluntad anticipada o derecho a la muerte digna.
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Mediante esta iniciativa, el legislador Hernández Méndez destacó que el tema es un asunto de dignidad humana y de derechos fundamentales, más allá de las disciplinas médicas o religiosas, y que requiere de un marco jurídico claro para evitar abusos.
Los debates previstos en comisión deberán abordar también aspectos técnicos como capacidad de decisión del paciente, objeción de conciencia, protocolo médico, así como garantías de que el acto se realice bajo supervisión legal y ética.
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Aunque otras entidades federativas han revisado figuras como la “voluntad anticipada”, pocas han avanzado hacia la eutanasia regulada. En este sentido, la iniciativa del Estado de México representa un posible avance legislativo relevante en el país.
La mesa legislativa estableció que en las próximas semanas se definirán los mecanismos para la consulta social, el cronograma de trabajo y la integración de especialistas en bioética, medicina, derecho y derechos humanos para enriquecer el análisis. Con información de Milenio
