Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones
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El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió a favor de la FGR un caso, donde se acreditó que una propiedad fue utilizada para actividades delictivas
CDMX.- El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró procedente la acción legal promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a un inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, valuado en cuatro millones 361 mil pesos, presuntamente vinculado al grupo criminal de “Los Chapitos”.
De acuerdo con la investigación ministerial, la propiedad era utilizada por Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” o “El 09”, quien fungía como jefe de escoltas de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En ese lugar, según las autoridades, se realizaban actividades ilícitas relacionadas con delincuencia organizada y secuestro.
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El proceso judicial fue resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos, derivado de reportes que apuntaban al secuestro de varias personas dentro de esa entidad federativa.
Con base en los elementos presentados, el juez resolvió transferir el bien al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), como lo establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
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La Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED) sostuvo que esta resolución forma parte de la estrategia federal para golpear las estructuras patrimoniales de la delincuencia organizada, especialmente aquellas que utilizan propiedades para actividades delictivas.
Autoridades judiciales recordaron que la extinción de dominio no solo busca la recuperación de bienes adquiridos con recursos ilícitos, sino también impedir que sean reutilizados en operaciones criminales o de lavado de dinero.
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El inmueble confiscado formaba parte de una red de casas de seguridad en la zona metropolitana de Culiacán, donde presuntamente se planeaban secuestros y traslados de personas retenidas.
La resolución del juzgado refuerza el mensaje de que el Estado mexicano mantiene su compromiso de recuperar los activos derivados del crimen organizado y destinarlos al beneficio público a través de los mecanismos legales correspondientes. Con información de El Universal
