Advierte Imco riesgo en iniciativa de Ley para infraestructura

La iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la que se busca acelerar la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, no otorga certidumbre y transparencia para la atracción de inversiones, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El instituto expuso que, pese a que la iniciativa contempla dos esquemas de participación mixta y crea un andamiaje de vehículos financieros e instrumentos de fomento para atraer capital privado hacia infraestructura estratégica, su diseño actual conlleva algunos riesgos.

El primero de ellos, dijo, es que esta no contempla integrar expertos técnicos independientes al Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura para contar con una pluralidad de visiones.

“Hacerlo promovería la certidumbre y la transparencia en el desarrollo de proyectos desde el inicio”, acotó.

Comentó que el Consejo, presidido por el Ejecutivo Federal y conformado por integrantes del Poder Ejecutivo -SHCP, Semarnat, Sedena, Semar, Sener, Secretaría de Economía, Sedatu y Banobras, entre otros-, será el órgano que determine qué proyectos son estratégicos, en qué condiciones se estructuran y quiénes acceden a los instrumentos de fomento.

Como segundo riesgo, el Imco detalló que no existe certidumbre presupuestal más allá de 2030, y recordó que la reforma propuesta al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que en el presupuesto de cada año se deberán establecer compromisos plurianuales para el ejercicio en cuestión y los cinco años siguientes.

Señaló que, aunque el objetivo del Plan es que el Estado haga sus aportaciones a las Inversiones Mixtas principalmente en forma de terrenos, bienes inmuebles, derechos de uso, infraestructura existente, concesiones, permisos o autorizaciones, en los casos donde se requieran partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se garantizan los recursos para el desarrollo y construcción de los proyectos más allá de cinco años.

“Esto es especialmente relevante en proyectos de infraestructura de gran escala (desde autopistas hasta extracción de hidrocarburos), cuya ejecución suele extenderse por varios años y está sujeta a retrasos durante su desarrollo”, apuntó.

Y como tercer riesgo, el Instituto advirtió que, en términos de atracción de inversiones, para atraer capital privado suficiente es necesario que los rendimientos sean acordes al nivel de mercado y al nivel de riesgo que cada proyecto implica.

Lo anterior, dijo, porque los proyectos con alto riesgo financiero -como puede ser exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos- o con flujos condicionados a estándares de desempeño aún no definidos pueden desincentivar la participación privada.

“El principal riesgo de la iniciativa no radica en la estructura financiera, sino en la falta de claridad respecto a aspectos clave: deja margen para la discrecionalidad en la determinación de qué proyectos son estratégicos, no ofrece protección jurídica ante actos de autoridad, ni establece cómo se deducen los costos operativos antes de distribuir beneficios”, refirió.

Por último, mencionó que la iniciativa permite, además, la autorización de proyectos fuera de procesos de licitación tradicionales, lo que agrava el riesgo de asignación discrecional.

Así como las protecciones al socio minoritario en decisiones sobre endeudamiento, desinversión y distribución de utilidades deben quedar claras antes de que el Consejo apruebe los proyectos.