Bancos como BBVA y Banamex restringen cuentas a refugiados en México

A ocho años de haber llegado a México procedente de Venezuela y a seis de haber sido reconocida como refugiada, Adriana Figueredo sigue lidiando con obstáculos para acceder a una cuenta bancaria en la cual recibir su pago de nómina.

En entrevista, recuerda que llegó al país en 2017 con la intención de estudiar, ya que la situación política en Venezuela le complicaba continuar la universidad en ese país.

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Al agudizarse la crisis y considerar inviable el retorno, optó por solicitar la condición de refugiada.

“Fue largo mi proceso. Lo inicié en 2018. La condición de refugiada me la otorgan a finales de 2019 y a partir de 2020 ya cuento con mi residencia permanente”, detalla.

Obtuvo la beca DAFI, que otorga la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para realizar estudios universitarios, y se graduó como licenciada en Relaciones Internacionales.

Actualmente, Figueredo encabeza una organización de refugiados y trabaja en una empresa del sector comercio internacional.

Desde 2020 ha lidiado con dificultades para contar con una cuenta de nómina para recibir el pago de su salario.

Primero fue con Banamex, que le permitió abrir una cuenta con su pasaporte, aún vigente, pero después le exigió otro documento de identidad, sin reconocer los otorgados por las autoridades mexicanas.

“Presenté una queja formal ante Banamex, con abogados y todo. Nunca recibí respuesta, nunca recibí disculpas, nunca recibí absolutamente nada”, comenta.

El problema se repitió recientemente con BBVA, que también le exigió identificación, sin admitir la que acredita su legal estancia en el país como refugiada.

“Hace algunas semanas me empezó a aparecer en mi cuenta que tenía restricciones y que si no actualizaba mi información antes del 9 de febrero iba a estar bloqueada, lo que implicaba que podía recibir allí mis depósitos de nómina, pero solamente podría hacer retiros en caja. Y en caja no me toman ninguna identificación de las que yo tengo”, relata.

Al acudir a una sucursal para resolver el problema, los empleados no aceptaron como identificación ni su tarjeta de residencia permanente ni su carta de reconocimiento como persona refugiada.

El gerente cuestionó su derecho a abrir una cuenta.

“No es cuestión de que los bancos tengan prohibiciones, es cuestión de que las personas que trabajan en los bancos desconocen los procedimientos”, reprocha.

Y lo mismo sucede, lamenta, en otros lugares.

“Te dicen ‘es que no tienen INE’, ‘para qué vienen al país sin documentos”, detalla.

“Tengo casi nueve años viviendo aquí y no entiendo por qué sigue habiendo problemas cada vez que tengo que hacer un trámite. Es en el banco, es en la farmacia, es en la universidad, es en el registro civil, o sea, realmente, es una falta de desconocimiento de la misma legislación mexicana de parte de muchísimas instituciones, no sólo la bancaria”.

ACNUR ha advertido desde hace varios años sobre el freno que representa para la plena integración de las personas refugiadas en el país la falta de acceso a bancos y otros servicios financieros.

“Esto supone un gran obstáculo en el camino hacia la autosuficiencia y la independencia económica. Al no tener una cuenta bancaria, carecen de un lugar seguro en el cual ahorrar y recibir dinero; además, tienen menos opciones para hacer pagos u obtener préstamos. En suma, al no contar con acceso a estos servicios, las personas refugiadas no pueden participar del todo en la economía del país ni construir una vida estable para ellas mismas y sus familias”, señala en su página de internet.

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En octubre de 2024, Mario Carrillo, diputado federal por Morena, presentó una iniciativa de reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, para garantizar el acceso de los refugiados a una cuenta de nómina.

Las instituciones de crédito, planteaba, “estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro”, exento de comisiones cuando el abono mensual no exceda los 165 salarios mínimos diarios, al público en general, “incluidas las personas que tengan reconocida la condición de refugiado, las solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados y aquellas que se encuentran bajo protección complementaria”.

La iniciativa no ha sido dictaminada.