¿Botín político? Lilly Téllez denuncia fraude de 65 millones de pesos en el INE y apunta a familiares de Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las severas declaraciones de la senadora panista Lilly Téllez. En una reciente conferencia de prensa, la legisladora acusó directamente a la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, de estar implicada en un esquema de desvío de recursos públicos que asciende a los 65 millones de pesos. La denuncia señala la adjudicación irregular de un contrato a una empresa supuestamente ligada a los hijos de la funcionaria electoral.

De acuerdo con los datos presentados por Téllez, la Auditoría Superior de la Federación detectó las anomalías en una revisión correspondiente a un convenio firmado en diciembre de 2024. Los recursos, originalmente destinados a la adquisición de materiales para los simulacros de la elección judicial, habrían tomado un rumbo completamente distinto.

Las irregularidades detrás del contrato con la empresa JVLY

La senadora de la oposición detalló que el contrato millonario fue otorgado a la empresa JVLY, una entidad comercial que, según sus afirmaciones, se encontraba en pleno proceso de desaparición fiscal y carecía de la capacidad legal para emitir facturas válidas. A pesar de estas condiciones operativas y de las evidentes inconsistencias documentales, el INE procedió con la asignación presupuestal.

Téllez fue más allá al revelar la presunta red de vínculos familiares detrás de la operación. Aseguró que los verdaderos beneficiarios detrás de JVLY son los propios hijos de Guadalupe Taddei, señalando además a Fernando Fernández y Arcelia José Nateras como supuestos prestanombres en el entramado legal de la compañía. Asimismo, la legisladora denunció que parte del dinero desviado se utilizó de manera interna para financiar bonos extraordinarios destinados a altos funcionarios de la estructura administrativa del instituto.

El contexto de poder y las redes en el órgano electoral

La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023 estuvo marcada por el debate debido a su método de elección por insaculación. Desde el inicio de su gestión, diversas fuerzas políticas de oposición han cuestionado su imparcialidad, argumentando presuntos vínculos estrechos con figuras del partido Morena, particularmente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Esta nueva acusación por parte de Lilly Téllez se suma a una serie de señalamientos periodísticos previos que advierten sobre una supuesta red de favores, nepotismo y contratos amañados que involucran a colaboradores del gobierno sonorense dentro de áreas clave del INE, tales como tecnología, finanzas y administración. Los informes de la ASF sugieren que las anomalías financieras y administrativas se extendieron de forma constante durante los ejercicios de 2024 y 2025.

Sin respuesta oficial ni resolución judicial

A pesar de la gravedad de las imputaciones, que ponen en entredicho la transparencia de una de las instituciones pilares de la democracia mexicana, el INE y su consejera presidenta han optado por mantener un estricto silencio, sin emitir posturas oficiales hasta el momento.

Es importante destacar que, aunque el caso ha agudizado la polarización y las tensiones entre las bancadas de la oposición y el partido oficialista, actualmente no existe ninguna resolución judicial pública que confirme los delitos señalados por la senadora ni cargos formales presentados ante las autoridades competentes. Las investigaciones correspondientes deberán determinar el alcance real de las observaciones hechas por la ASF.