Denuncian a director jurídico de Cruz Azul por anomalías de más de $900 millones

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México
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Acusan a Rafael Anzures de usar el despacho legal de la cementera para blanquear fondos; le detectan autos de alta gama y mansiones en EU

Una denuncia penal contra Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, desglosó pagos de 300 millones de pesos en efectivo a seis de sus tarjetas de crédito y la adquisición de 18 vehículos de alta gama por una suma de alrededor de 160 millones de pesos.

El expediente, elaborado con base en declaraciones de un contador relacionado con sus empresas, detalló la compra de nueve casas y departamentos en México, con un valor de 375 millones 469 mil 993 pesos, así como un departamento en Estados Unidos, de 4.5 millones de dólares.

La acusación, que incluyó las declaraciones fiscales de Anzures y 82 fojas de información de las operaciones bancarias del despacho del abogado, la cementera y entidades relacionadas, estableció que los depósitos en efectivo en sus tarjetas de crédito fueron realizados entre 2020 y 2025, con un promedio de movimientos anuales por 60 millones de pesos.

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Destacan una tarjeta The Platinum Card de American Express, con montos de 40 millones de pesos por año; una Tarjeta Centurion (Amex Black) sin límite de crédito, con 20 millones de pesos por año, y una Platinum Banamex, con movimientos de 15 millones por anualidad.

El contador denunció que, en el mismo período, Anzures adquirió a su nombre, al de su esposa Maricarmen Jacobo Pérez y al de diversos prestanombres un total de 18 vehículos de alta gama por una suma de alrededor de 160 millones de pesos.

Entre las adquisiciones están un McLaren 765LT Coupe 2021, de 12 millones 20 mil pesos; un Lamborghini Huracán 2023, de 9,7 millones de pesos; un Mercedes-Benz Clase G 63 AMG 2025, de 8 millones 869 mil 900 pesos; un McLaren 570S 2022, de 8 millones 587 mil 678 pesos, y un Ferrari 458 Coupe 2015, de 7 millones 209 mil 102 pesos, entre otros.

Sobre los bienes inmuebles, el querellante detalló que las propiedades de mayor valor en México están ubicadas en Leandro Valle números 12, 10 y 14, en San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, con un valor de 98 millones, 75 millones y 68 millones de pesos, respectivamente; así como un inmueble en el Desarrollo Avándaro, en Valle de Bravo, con un costo de 45 millones 234 mil 844 pesos.

En Estados Unidos, la propiedad adquirida se ubica en la Torre Norte, piso 20, departamento 2002, Turnberry Ocean Colony, en la avenida Collins 16049, Sunny Isles Beach, Florida, y fue comprada por Turnberry Anzures Jacobo Inc., empresa del abogado y su esposa, según la denuncia.

Triangulaciones

El contador responsable de esta denuncia aseguró que en 2019 la Cooperativa La Cruz Azul utilizó facturas falsas hasta por 717 millones de pesos, “mismas que sé fueron adquiridas por Rafael Anzures a petición de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel” .

También acusó que el director jurídico de la cementera, a través de su despacho Anzures, Téllez y Asociados, cobró siete facturas a la cooperativa que ascendieron a 160 millones 65 mil 985 pesos por servicios que nunca fueron prestados. En 2020 fueron cinco facturas por 126 millones 137 mil 125 pesos, y en 2021 dos facturas por 33 millones 678 mil 860 pesos, todas por concepto de servicios profesionales de asesoría legal.

Dos de los pagos, por 3 millones 214 mil 181 pesos, se hicieron a Jonathan Julián Molina Suárez, apoderado legal de la cooperativa “con diversas indagatorias en la FGR ”.

La querella inició que Anzures le cobró 86 millones 745 mil 905.75 pesos a la cementera por concepto de servicios legales no realizados, a través de su socio Manuel Fletes Stadeler como particular y por medio de una sociedad civil con el mismo nombre de dicho abogado.

Entre otras operaciones denunciadas es una suma de 24 millones 250 mil pesos triangulados de 2020 a 2025 entre el despacho de Anzures y Manuel Fletes Stadeler, SC, sin reportar las utilidades generadas de ambas empresas.

También acusó que, el 4 de septiembre de 2020, la cooperativa emitió una factura de 26 millones 796 mil pesos a Asesoría Jurídica y Fiscal Larme, SA de CV, una empresa que el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) declaró como “facturera”.

Cobra y denuncia

El contador aseguró que Anzures cobró en 2018 un contrato de 2,5 millones de dólares a Guillermo “Billy” Álvarez, entonces titular de la cooperativa, y después denunció al directivo por fraude, bajo el supuesto de que no tenía facultades para firmar esos convenios.

En la denuncia agregó la carátula del contrato y refirió que el concepto eran los servicios legales para defensor a Víctor Manuel Velázquez Rangel, actual presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.

Según los documentos, el contrato fue suscrito por Anzures y “Billy” Álvarez, pero tiempo después el propio “Anzures denunció a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas alegando que este no contaba con facultades para firmar contratos en nombre de la cooperativa, por lo que dichos actos constituían un fraude” .

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“No obstante, pese a sostener esa postura, Anzures cobró la cantidad de 2.5 millones de dólares derivada de un contrato cuya supuesta ilegalidad conoció y que ahora cuestiona bajo esa misma premisa, por lo que es evidente que se configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que el delito predicado sería la falta de facultades (administración fraudulenta) ya sabiendas de esto aun así obtuvo dicho recurso de manera ilegal” , aseguró.

También señaló que, en noviembre de 2022, el ahora director jurídico diseñó una estrategia corporativa para “desfalcar” con 50 millones de dólares a la cooperativa, simulando un contrato con la empresa Bobth Trading LLC por la supuesta compra de coque de petróleo en Estados Unidos.

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