Denuncian que Fiscal Anticorrupción de Morelos cobraba moches a víctimas de delitos
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Entre los efectos señalados, se advierte una posible alteración en el orden de atención de víctimas y un trato desigual en el acceso a recursos
El Fiscal Anticorrupción de Morelos fue denunciado por participar en una red, junto con su hijo, que cobraba moches a víctimas de delitos.
Según la denuncia presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, padre e hijo hicieron uso indebido de información y traficaron influencias para despojar a víctimas de parte del dinero que provenÌa de recursos federales.
El padre, Leonel Díaz Rogel, desde la Fiscalía Anticorrupción, y el hijo, Leonel Díaz Grajales, desde la Comisión de Atención a Víctimas se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas.
Al iniciar el Gobierno de la morenista Margarita González, en 2024, Díaz Grajales fue contratado dentro de la Comisión y ese año tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral a víctimas.
Tras su salida, utilizó esa información para representar legalmente a un grupo de personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal, según la denuncia.
Mediante contratos privados, abundó Picazo, pactó honorarios de hasta el 25 por ciento del monto obtenido por concepto de reparación integral.
La funcionaria informó que, durante ese mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción -encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel- solicitó información confidencial sobre expedientes específicos vinculados a personas representadas por su propio hijo, lo que habría generado un contexto de presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos.
Para Picazo, estas conductas podrÌan constituir delitos como peculado, tr·fico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, asÌ como actos de intimidaciÛn y extorsiÛn institucional.
La denuncia subraya que los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad P˙blica y del Fondo de ReparaciÛn Integral, lo que, por su naturaleza federal, obliga a la intervenciÛn de la FGR para investigar posibles irregularidades en el manejo y destino del dinero para las vÌctimas.
Entre los efectos seÒalados, se advierte una posible alteraciÛn en el orden de atenciÛn de vÌctimas y un trato desigual en el acceso a recursos, al favorecer expedientes especÌficos mediante el uso de informaciÛn privilegiada y la intervenciÛn de autoridades con poder de decisiÛn.
La Comisionada solicitÛ la apertura de una carpeta de investigaciÛn, la pr·ctica de diligencias para esclarecer los hechos, la determinaciÛn de responsabilidades penales y la implementaciÛn de medidas de protecciÛn a su favor ante el riesgo derivado de la denuncia.
