Desarticulan red de préstamos ilegales vinculada a grupos criminales; detienen a 24 colombianos en Morelos
Un largo operativo realizado en colaboración con diferentes órdenes de gobierno
En un operativo que abarca más de nueve meses, autoridades de Morelos han detenido a 24 personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculadas con el esquema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, el cual ha sido relacionado con organizaciones criminales.
La información fue confirmada por Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), durante una conferencia de prensa realizada este 16 de julio. Según explicó, las detenciones se efectuaron entre el 1 de octubre de 2024 y el 14 de julio de 2025.
Del total de detenidos, ocho fueron presentados por alterar el orden público, siete más por otros delitos diversos, cinco específicamente por actividades ligadas a préstamos “gota a gota”, y cuatro por permanecer de manera irregular en el país. Todos ellos han sido puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades correspondientes.
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Urrutia Lozano señaló que, al momento de las detenciones, varios de los extranjeros portaban boletas de cobros ilegales, lo que permitió identificar patrones comunes en sus operaciones. “Cuando una persona solicita un préstamo de este tipo, le exigen entregar identificaciones oficiales. Esto ha derivado en otros delitos, como la falsificación de documentos y el cambio ilegal de propietario de vehículos, generando una cadena delictiva”, explicó.
Al ser cuestionado sobre la posible protección que algunos líderes criminales habrían recibido por parte de autoridades locales, Urrutia fue enfático: “Estos líderes delincuenciales son peligrosos. Hubo protección, hay que decirlo. Esta situación provocó que algunas unidades de policía municipal no reportaran las detenciones correspondientes”.
La SSPC reiteró su compromiso de desmantelar redes delictivas que afectan a la ciudadanía mediante prácticas de usura, extorsión y fraude documental. Las autoridades mantienen abiertos varios procesos de investigación para determinar el grado de participación de los implicados y su conexión con grupos criminales organizados.
