Esquema ‘Petrofactureros’: red de 40 empresas dedicadas a las facturas falsas para huachicol fiscal
Empresas fachadas con el fin de evadir controles fiscales y distribuir hidrocarburos de procedencia ilícita
Al medio día del miércoles, se informó sobre el desmantelamiento de una de las redes de huachicoleo más relevantes en el país, resultado en investigaciones derivadas del operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira, Tamaulipas.
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron una conferencia de prensa conjunta, donde además informaron sobre la detención de siete personas, entre ellas dos empresarios, en el Estado de México e Hidalgo.
Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, apuntó que las indagatorias permitieron identificar “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” dedicada a la introducción y comercialización ilegal de hidrocarburos.
EL ESQUEMA DE LOS ‘PETROFRACTUREROS’
Identificados por autoridades financieras mexicanas, se trata de empresas fachadas con el fin de evadir controles fiscales y distribuir hidrocarburos de procedencia ilícita, el esquema los ‘Petrofactureros’ se trata de un grupo de personas físicas que participan como representantes, socios o firmantes de dichas corporaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e instituciones financieras.
Su función principal era proporcionar una fachada de legalidad a recursos de procedencia ilícita mediante la simulación de operaciones comerciales
Las empresas fachadas no contaba con los permisos, el personal, ni la infraestructura para ser considerada como empresas operativas, así como tampoco comercializar, transportar o distribuir hidrocarburos.
El esquema era utilizado para actividades de “huachicol fiscal”, además del blanqueo de capital proveniente del contrabando de combustible, diluir responsabilidad y dificultar la identificación de quienes intervenían en la red, para favorecer la continuidad de estas actividades ilegales y la simulación de legalidad de recursos.
Lara afirmó que a principios de abril de 2026 se comenzó la judicialización del caso, concluyendo en las órdenes de aprehensión contra personas físicas relacionadas con 40 empresas logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transportes.
Al momento se detuvo a seis de los ‘Petrofactureros’, quienes fungían como operadores, prestanombres y líderes de la red de huachicol fiscal: Héctor ‘N’, Nizarindani ‘N’, Lizitza ‘N’, Gualberto ‘N’, Karen ‘N’ y Perla ‘N’.
Derivado de las investigaciones se aseguraron cinco inmuebles con un valor total de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con valor de 66.6 millones de pesos, joyería con valor de 1.6 millones de pesos y 265 mil pesos en efectivo; mermando a los ‘Petrofactureros’ con 126 millones 265 mil pesos.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR afirmó que las investigaciones continúan hasta llevar a cabo toda la responsabilidad en el marco de la ley.
MODUS OPERANDI
El esquema de operación se basaba en la simulación de legalidad para facilitar el contrabando de combustible y la evasión fiscal a gran escala:
- Simulación de operaciones: La red utilizaba esquemas de simulación comercial empleando facturas apócrifas para “limpiar” los recursos financieros de procedencia ilícita;
- Estratificación y anonimato: El uso de múltiples empresas y prestanombres servía para diluir responsabilidades y dificultar que las autoridades pudieran identificar individualmente a los líderes de la organización;
- Documentación falsa: Utilizaban datos inexactos y documentos adulterados sobre volúmenes y muestras de hidrocarburos para evadir controles aduaneros y regulatorios;
- Triangulación financiera: Realizaban pagos ilícitos asociados a la descarga y transporte de combustible, diseñados para aparentar que las transacciones eran legítimas;
- Apoyo logístico al contrabando: Aunque la red se enfocaba en la parte fiscal y financiera, formaba parte de un modelo logístico multimodal que introducía hidrocarburos ilegalmente por puertos marítimos, los desplazaba por ferrocarril y los redistribuía mediante transporte terrestre en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
Es decir, los ‘Petrofactureros’ constituían el brazo administrativo y contable que permitía que el combustible robado o de contrabando entrara en el flujo financiero legal de México, causando un daño significativo a la hacienda pública del país
