INE tendrá los resultados de la elección judicial hasta dos semanas después

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá los resultados finales de la elección judicial el 15 de junio, dos semanas después de la jornada. En esta fecha está previsto que se realice el cómputo nacional en una sesión del Consejo General.

El lineamiento para el cómputo de votos fija los plazos estimados por cargo, de acuerdo con un simulacro realizado por el Consejo Distrital 08 de la Ciudad de México.

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Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tiempo de cómputo sería entre dos a tres días, del 1 al 3 de junio como máximo; para el Tribunal de Disciplina Judicial, un día, el 4 de junio, y las magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral, un día, el 5 de junio.

En el caso de las magistraturas de las salas regionales se estima un día, el 6 de junio; para magistraturas de circuito, dos días, del 7 al 8; finalmente, para jueces de distrito serán dos días más, del 9 al 10 de junio.

En cuanto se tengan los cómputos a nivel distrital, el 12 de junio se instalarán los Consejos Locales en sesión para realizar el conteo por entidad federativa.

Y en la cabecera de cada circunscripción se harán los de las salas regionales del TEPJF.

Hasta el 15 de junio, dos semanas después de la jornada electoral, se sesionará para realizar el cómputo nacional de la votación obtenida para todos los cargos.

A diferencia de los cómputos distritales de las elecciones ordinarias, que se realizan el miércoles siguiente a la votación de manera ininterrumpida, en el proceso judicial se plantea otro formato.

Ante el recorte presupuestal, se plantea realizar los conteos mediante jornadas de 12 horas al día, seis por cada grupo de trabajo. Los recesos se realizarán durante la noche y cada jornada se iniciará a las 08:00 horas.

Excepto el día de la votación, que se comenzará a las 18:00 horas con el cierre de casillas.

Lo anterior, pese a que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, afirmó que se tendrían los resultados de ministros de la Corte la misma noche de la elección, aunque aún no han definido el mecanismo para hacer este conteo.

En la elección judicial no habrá conteo de votos en casillas, sino que se comenzará el cómputo en las juntas distritales desde el 1 de junio.

La consejera Dania Ravel expuso que en los simulacros realizados se puso a prueba el modelo para el desarrollo de los cómputos distritales, basado en la participación de grupos de trabajo, y además de evaluar los requerimientos operativos, se midieron los tiempos aproximados para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de cada boleta conforme a las distintas opciones de candidaturas posibles en su diseño por tipo de elección.

”En los lineamientos que hoy se nos presentan se prevé un máximo de 10 días para que los distritos electorales finalicen con el cómputo de todas las elecciones”, dijo.

Fijan tope de 200 mil pesos

Entre desacuerdos, el Consejo General del INE aprobó el tope de gastos de campaña para los candidatos al Poder Judicial, el cual será de 220 mil 326 pesos para todos sin importar el cargo al que aspiren, desde ministros de la Suprema Corte hasta juzgadores de distrito.

A propuesta de la presidenta, Guadalupe Taddei, se planteó elevar el tope de gastos dependiendo del cargo hasta en 1.4 millones de pesos en caso de las candidaturas que son a nivel nacional, como la Suprema Corte o Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, no alcanzó el voto de la mayoría.

Otra propuesta fue escalonar los montos para que a nivel subnacional el tope fuera menor, pero tampoco fue aprobada.

El acuerdo justifica que las campañas del Poder Judicial serán mayoritariamente en redes sociales y foros, además de que las leyes secundarias establecen que el tope deberá ser igual a las aportaciones para diputaciones federales de la elección anterior.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, advirtió que establecer un tope restrictivo coloca a las candidaturas “en un umbral de ocultamiento innecesario y que les puede llevar a la ilicitud”, por lo que planteó elevarlo dependiendo del cargo.

“En efecto, entre las personas contendientes hay distinciones y posibilidades socioeconómicas diversas, pero no hay una lógica razón o fórmula en el proyecto más que señalar que ese es el tope que estableció el legislador y que, como ya referí, es una interpretación incompleta para argumentar que los 220 mil pesos que se propone evitan que, y cito, ‘se beneficie a quienes más recursos tienen, incluso a las candidaturas que ocupan hoy un cargo público con ingresos fijos y elevados, poniendo en desventaja las candidaturas con menos recursos’, cierro cita”, expuso.

El consejero Uuc-kib Espadas señaló que establecer un tope de hasta 2 millones de pesos para candidaturas nacionales no genera ningún beneficio y, por el contrario, genera una diferencia de competitividad entre los candidatos millonarios y el resto, ya que apenas un promedio de nueve candidaturas podría costear una campaña de ese tipo.

El consejero Jaime Rivera apuntó que elevar el tope de gastos puede acentuar la inequidad en los casos en los que las candidaturas ya están ejerciendo un cargo público “y lo están aprovechando para tener una mayor exposición pública por medio del uso de recursos públicos o quizá privados, supuestamente dedicados a otros fines, pero que en la realidad les permite promoverse ante grupos más o menos grandes de personas”.

La consejera Dania Ravel expuso que, si se considera que estas campañas se realizarán preponderantemente en redes sociales, el ámbito territorial deja de ser un factor relevante de gasto y el monto propuesto es adecuado.