Jaime Bonilla se deslinda de haber causado la revocación de visas de Marina del Pilar

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), fue sancionado por violencia política en razón de género por haber hecho comentarios contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La amonestación pública fue infligida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, ya que la institución decidió inscribir a Bonilla en los padrones estatal y nacional por violencia política, y por ello, sujetarse a capacitación en perspectiva de género.

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Los comentarios, según medios de información, son los mismos que utilizó durante su lapso de legislador; sin embargo, en aquel entonces era protegido por el fuero constitucional. Bonilla comentó sobre los presuntos vínculos del narcotráfico de la gobernadora Marina de Pila, de los cuales su entonces esposo, Carlos Torres, también fue vinculado y se mantiene una investigación por parte de Estados Unidos y de la FGR contra él.

Las investigaciones contra la gobernadora Marina del Pilar, como contra Carlos Torres, resultaron en la revocación de sus visas estadounidenses. Según testimonios del mismo Jaime Bonilla, la gobernadora le reclamó diciendo que ‘por su culpa le quitaron las visas’, haciendo referencia a los comentarios que hizo sobre ella.

En una entrevista con el medio de noticias ZETA, Bonilla no niega haber denunciado a Marina del Pilar y argumenta que las autoridades, como el FBI y la Tesorería de los Estados Unidos, también la han señalado por supuestos actos ilícitos, conectados con el crimen organizado.

En la entrevista, Jaime Bonilla hace énfasis en que sus comentarios, de hace 4 años aproximadamente, no fueron causa directa de la investigación por parte de los Estados Unidos y argumenta que las autoridades del país vecino no hacen la denuncia ‘de un día para otro, sino que solidifican el caso’.

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Actualmente, Jaime Bonilla tiene una inhabilitación de tres años para tener cargos públicos; la sanción también fue impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California.