La lucha de Sara contra el sistema de Nuevo León; le arrebataron a sus dos hijas y busca recuperarlas

Sara García Cuevas, madre a la que el sistema judicial de Nuevo León le ha arrebatado a sus dos hijas, denunció violencia institucional, omisiones de jueces y tráfico de influencias por parte del padre de las niñas, un empresario al que atribuye contactos políticos y económicos.

Mientras que a Sara le restringieron la convivencia con sus hijas sin existir ningún elemento de prueba que acreditara una supuesta violencia hacia ellas; las denuncias de ella no avanzan, se detienen, le cambian de ministerio público una y otra vez, todo, en beneficio del progenitor de sus hijas. “Seguiré en la lucha por mis hijas, yo solo quiero justicia”, dice.

El 14 de diciembre de 2023, Sara estaba en su casa en el estado de Nuevo León cuando elementos de Fuerza Civil del Estado, acompañados por un actuario judicial y una abogada, llegaron para ejecutar una orden que cambiaría su vida: debía abandonar su domicilio y separarse de sus dos hijas pequeñas.

Las niñas tenían entonces cuatro y cinco años. Una de ellas, Barbarita, tiene autismo.

Sara cuenta a VANGUARDIA que aquella noche no solo fue desalojada de su casa. También comenzó una cadena de decisiones judiciales y ministeriales que, casi tres años después, le impiden convivir libremente con sus hijas.

“Todo esto ha venido sólo por un dicho del señor, cuando a mí nunca me han comprobado nada”, sostiene.

La historia había comenzado meses antes. Sara relata que había sufrido violencia familiar, económica y sexual por parte del progenitor de sus hijas, Xavier “S”. Después de una agresión sexual, decidió separarse. Comenzó a permitir que él viera a las niñas únicamente durante periodos cortos y cerca de su domicilio.

Según su relato, el hombre es un empresario del sector de la construcción y el desarrollo urbano en Nuevo León, con relaciones en círculos políticos y empresariales. Sara afirma que recibió amenazas relacionadas con la posibilidad, inclusive, de perder a sus hijos adolescentes de un primer matrimonio, si terminaba la relación. “Me daba bastante miedo porque son personas que tienen muchos contactos”, menciona.

El 13 de diciembre de 2023 le pidió que pagara las colegiaturas que llevaban 3 meses pendientes. Al día siguiente, mientras ella estaba con sus hijas en una posada escolar, comenzó a recibir mensajes para que regresara a casa. Sara regresó porque el progenitor de sus hijas pasaría a hacer el trámite del pago de colegiaturas, pero siempre con la condición de que no entrara a la casa.

Sin embargo, él conservaba las llaves de la vivienda pese a que, según Sara, había dejado de vivir ahí meses atrás. Entró a la casa sin autorización.

“No me imaginé que él ya tenía todo planeado, con todo su plan malvado, entonces llegó diciéndome que si le podía hacer unos huevitos con jamón... solo quería hacer tiempo”.

Horas después llegaron los policías.

UNA ORDEN Y UNA NOCHE

Sara recuerda aquella noche como el momento en que el conflicto familiar se convirtió en un problema judicial.

Los elementos le informaron que existían órdenes de protección dictadas por el Juez Primero de lo familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, Javier Arturo Hurtado Leija.

El juez había ordenado que debía desalojar la casa. El argumento, según su relato, era que ella había ejercido violencia psicológica contra sus hijas.

“Yo me quedé en shock”, dice.

Asegura que pidió conocer los documentos y las pruebas que sustentaban la acusación, pero que inicialmente no se los mostraron. También afirma que los agentes se negaron a permitirle hacer una llamada y que fue tratada con violencia verbal y física durante el desalojo.

“Le digo ¿cómo que las niñas son violentadas? Entonces le empiezo a cuestionar y le digo a ver dígame dónde dice y no me enseñaba los papeles, nada más me decía que tenía que desalojar la casa. El actuario súper prepotente, grosero conmigo, con un abuso de autoridad los de Fuerza Civil y una mujer policía y muy grosera”.

En uno de los momentos que describió como más traumáticos, se refugió en la habitación de sus hijas para impedir que se las quitaran. “No me las vas a quitar, no me las vas a quitar”, repetía Sara.

La niña más pequeña se negó inicialmente a irse con su padre, mientras Barbarita, de acuerdo con Sara, la abrazaba debido a su condición.

“En la recámara el papá de las niñas me empieza a amenazar de muerte, me decía que iba a terminar muerta o me podía pasar un accidente que mejor me fuera de la casa, pero me estaba amenazando de muerte; yo me solté llorando”.

Sara salió de la vivienda durante la madrugada junto con sus hijos adolescentes a quienes el sistema trató como fantasmas. Asegura que también le retiraron su camioneta y que ella y sus hijos quedaron sin dinero ni transporte.

La mujer añade que todo el operativo quedó registrado en videos.

LA DENUNCIA QUE TERMINÓ EN SU CONTRA

Cinco días después del operativo, el 19 de diciembre de 2023, el progenitor acudió a la Fiscalía y presentó una denuncia por violencia familiar contra Sara.

De acuerdo con su versión, las acusaciones incluían supuesta violencia psicológica contra las niñas. Todo es mentira, asevera.

Ese mismo 19 de diciembre comenzó el juicio familiar que, según su relato, terminó estableciendo medidas que le impedían acercarse a sus hijas. La denuncia terminó archivada por falta de elementos, sostiene Sara.

En 2024, el juez del Primero del Juicio Familiar Oral del Cuarto Distrito Judicial, Rosmy Estiven Campos González, dictó medidas cautelares indefinidas, a pesar de no existir ningún elemento de prueba de la supuesta violencia la madre a hacia sus hijas.

A partir de entonces, dice, comenzó una batalla legal que ha durado casi tres años.

UNA MADRE CONTRA EL SISTEMA

Sara asegura que presentó denuncias por violencia familiar y violencia sexual y que una de ellas también involucró presuntas omisiones de cuidados y maltrato infantil.

Sin embargo, sostiene que las investigaciones avanzan lentamente y que durante el proceso hubo constantes cambios de agentes del Ministerio Público.

Afirma que una audiencia prevista para mayo de 2024 fue cancelada 2 días antes porque supuestamente faltaban elementos, aunque —según su versión— la carpeta ya contaba con testigos y documentación.

La investigación se retrasó hasta diciembre de ese año.

Posteriormente, dice, una de las carpetas recibió una determinación de no ejercicio de la acción penal. Sara sostiene que esa decisión fue tomada pese a que existían dictámenes de especialistas que la colocaban en una situación de alto riesgo.

La madre afirma que actualmente busca impugnar esa determinación.

LAS NIÑAS

Debido a las medidas cautelares, no le dejaron a Sara ver sus hijas en muchos meses. Y como no pudo sacar sus pertenencias de la casa durante el desalojo, logró obtener una orden y volver a la casa para sacar las pertenencias de ella y sus hijos adolescentes.

“La casa se encontraba muy sucia, se tomó también evidencia de las niñas que estaban muy delgaditas, estaban muy mal, la casa estaba tirada horrible, entonces pudimos tomar fotos pues para pedir a la Procuraduría, al DIF que fuera investigar. Pero pues tienen todo apalabrado, es un sistema que está entre ellos, de que el compadrazgo”.

Sara promovió amparos para tener convivencia supervisadas con sus hijas, pero el progenitor de ellas nunca las llevó. Sara presentó pruebas del incumplimiento, pidió que dieran vista al Ministerio Público para que abriera una carpeta por violencia familiar y violencia vicaria. Pero el sistema judicial no hizo nada.

Ingresó amparos federales y únicamente logró que hubiera convivencias entre los cuatro hermanos, y era cuando Sara podía alcanzar a estar cinco minutos con sus hijas.

La primera vez que volvió a verlas después de la separación, recuerda, las niñas corrieron hacia ella y la llamaron “mamita”.

“Como si la mamá nunca se hubiera ido”, recuerda.

Sara critica que es un sistema donde los niños también les afecta mucho porque rompen el vínculo de las familias, de los adolescentes y de las infancias, cambian totalmente”, expone.

Debido a su lucha de casi tres años, Sara se volvió activista. Apenas en agosto de 2025 le decretaron las relaciones de integración con las niñas.

“El señor nunca me las llevó, se justificaba por los horarios. Me llevan a mis hijas hasta en octubre de 2025 a las terapias de integración. Obviamente todos mis reportes salen muy bien que hay un vínculo filial amoroso, justamente las niñas pedían irse conmigo. Fíjate cómo es todo este sistema, me pusieron una terapia en viernes de integración y el domingo en supervisadas. Las psicólogas dan el reporte de que ya se puede dar una entrega recepción porque no hay ningún peligro. Las niñas quieren estar conmigo, las niñas me adoran y el juez de San Pedro Luis Enrique, omiso, solo acuerda”, reclama la madre.

Sara señala a Luis Enrique Fernández Torres, Juez Primero de Juicio Familiar Oral del Cuarto Distrito de ser omiso en beneficio del progenitor de las niñas.

La omisión, también se refleja en el periodo de dilación de los procesos, denuncia. A tres años, dice que a penas se realizará la primera audiencia preliminar de guardia y custodia de las niñas.

“No me queda más que seguir alzando la voz y pues pedir justicia porque no la vemos, yo sé que muchas mamás han denunciado a Luis Enrique, el juez. No somos casos aislados, son muchas mamás”, asegura.