“Lineamientos no implican censura, pero gobierno sí se extralimita”: Raúl Trejo Delarbre

Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben ser motivo de preocupación de los medios de comunicación porque no implican censura, aunque sí se extralimitan al conferirle a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) atribuciones que no están contenidas en la ley, advierte Raúl Trejo Delarbre, periodista, académico y experto en medios de comunicación.

“Estos lineamientos no pueden, no deben contener algo que no indica la ley. En esa ley, en ningún lado, hay señalamiento acerca de las noticias falsas ni descontextualizadas. Se dice que los radioescuchas y televidentes tienen derecho a información profesional veraz, pero no dice ‘habrá una autoridad que revisará la falsedad o verosimilitud de las noticias’. Y, sin embargo, esto se incorpora y es un aspecto, el primero que le quiero señalar, que me parece indebido que esté”, afirma en entrevista con el medio de comunicación El Universal.

Explica que las consecuencias de que hubiera noticias falsas en un medio de comunicación no serían revisables por la autoridad, porque estos lineamientos no establecen procedimientos.

“Sería malo que los hubiera, en esta regla de su artículo 12, que dice que no hay que difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

“¿Y qué pasa si un medio lo difunde? Pues no pasa nada, porque aquí mismo no hay reglas para que se averigüe la falsedad o no de la noticia. Pero es un exceso de este documento que incorpore el concepto información falsa”, dice.

Trejo Delarbre destaca que la ley establece un procedimiento que dice que si un radioescucha o televidente se inconforma con algo que no le gustó en el medio de comunicación, toca la puerta del defensor de audiencias y presenta su queja. El defensor, si encuentra fundada la queja, hace una recomendación. Si el medio de comunicación no la atiende o si esta recomendación no le gusta al quejoso, ya no tiene nada más que hacer.

“Pero ahora, según los lineamientos, el quejoso tiene posibilidad de ir a la comisión, un organismo de gobierno, y esto es un abuso de los lineamientos, porque la ley no le confiere esta autoridad a la Comisión Reguladora”.

En charla en la amplia biblioteca de su domicilio del sur de la Ciudad de México, subraya que, a su juicio, los lineamientos también se extralimitan porque incorporan la supervisión de la autoridad en las decisiones que tomen los defensores de las audiencias.

“¿Qué puede hacer una autoridad en el sistema jurídico mexicano? Sólo aquello que le está expresamente conferido por las leyes y por la Constitución. La ley no dice, ‘la comisión debe revisar y opinar sobre las decisiones de los defensores de audiencias’, pero aquí hay una intromisión que puede ser importante, porque el sistema de defensores de las audiencias que establece la ley desde hace 12 años es un sistema de autorregulación”, advierte.

Además, resalta que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que las infracciones en materia de derecho de las audiencias pueden ser sancionadas con una multa de entre 0.01% y 1% de los ingresos de cada empresa.

“Pero en materia de derechos de audiencias sólo puede haber multas por dos motivos: por no tener defensores de audiencias o por no haber elaborado un código de ética, nada más. Ahora, los lineamientos dejan abierta la posibilidad para que hubiera multas por otros motivos que no están especificados”, señala.

Cuestiona la inclusión de medidas para que no se confunda la información con opinión.

“Ese es un derecho que a algunos nos ha parecido un exceso. Yo participé en la discusión y revisión de las iniciativas de ley en el año 2014. Fui invitado a las comparecencias en el Senado, estuve de manera muy activa revisando las iniciativas, y no me di cuenta, igual que centenares de personas que estuvieron en ese proceso, de este apartado del capítulo 8 que decía que las audiencias tienen derecho a que en los medios haya distinción entre información y opinión. ¿Qué significa esto?

“Que no debe mezclarse el juicio del comunicador con la información que está proporcionando. Y esto suena muy bien, pero la verdad es que si uno lo piensa es prácticamente imposible. Todo informador, todo conductor, todo periodista, al comunicar algo, al dar información, lo hace desde un sesgo personal. A mí me parece inadecuado que esté en la ley, pero ya está”.

Dice que es comprensible que las empresas de comunicación tengan dudas y recelos de estos lineamientos, por los antecedentes y la relación que los gobiernos de la Cuarta Transformación han tenido con los medios críticos.

“Yo entiendo mucho esta andanada de recelos que hay respecto a estos lineamientos, porque estamos ante un gobierno que se ha dedicado, junto con su antecesor durante ya ocho años, a descalificar a los comentaristas y periodistas críticos, a amagar a medios de comunicación profesionales, entre otros.

“Recientemente, la Presidenta se ufanó de que El Universal, igual que otros medios, no tiene publicidad del gobierno. Pues es para preocupar y preguntarse con qué criterios se asignan las partidas publicitarias.

“Tenemos ocho años presenciando un desigual, pero permanente, amago a medios de comunicación en un país donde hay periodistas asesinados, el gobierno no los protege, crea una narrativa de animadversión en contra de los periodistas y, en ese contexto, surgen estos lineamientos que la misma Presidenta dice que van a servir para evitar mentiras en los medios. Y no es cierto, ella misma no conoce los lineamientos que acaba de presentar, mostrando una versión distorsionada de ellos”, acusa.

El catedrático de la UNAM resume así lo que deben contener los lineamientos: Que la autoridad no se meta en decisiones de los defensores de audiencias, que no se extralimiten aplicando multas para causas que no están establecidas en la ley y que desaparezca esa formulación, que puede ser un exceso, acerca de las noticias falsas.

¿QUIÉN ES?

Cursó sus estudios de licenciatura en Periodismo y Comunicación, la maestría en Estudios Latinoamericanos y el doctorado en Sociología en la UNAM.

Es investigador nacional desde 1996.

Ha publicado 19 libros como autor único y tres en coautoría.