Montachoques podrían enfrentar hasta 42 años de prisión; Senado va por nueva ley contra la extorsión
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El Senado alista la votación de la nueva ley contra la extorsión, que contempla penas de hasta 42 años de cárcel
El Senado de la República concluyó la revisión de la nueva ley federal contra la extorsión, la cual contempla penas que podrían alcanzar hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito bajo distintas modalidades, incluidas las conocidas prácticas de montachoques, el cobro de piso por parte de organizaciones criminales, o las extorsiones telefónicas realizadas desde centros penitenciarios.
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos concluyeron el dictamen que será sometido a votación el día de hoy. El documento establece que el delito de extorsión tendrá una pena base que va de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que podrían sumarse desde tres hasta 17 años adicionales, dependiendo de la naturaleza del acto.
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De acuerdo con el proyecto legislativo, los 42 años de cárcel aplicarán para quien “emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción”.
Este tipo de conductas corresponde a las operaciones de grupos conocidos como montachoques, que provocan accidentes vehiculares para exigir pagos inmediatos.
SERVIDORES PÚBLICO TAMBIÉN SERÁN SANCIONADOS POR DELITOS VINCULADOS A LA EXTORSIÓN
El dictamen también prevé sanciones más severas para servidores públicos que participen, faciliten o encubran hechos de extorsión. La ley contempla penas de 10 a 20 años de prisión para policías, ministerios públicos, jueces, custodios o cualquier servidor público que, teniendo conocimiento de un acto de extorsión, no lo denuncie ante las autoridades competentes.
El documento advierte: “Se aplicará pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (...) a la persona servidora pública que (...) se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público, o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley”.
Además, se impondrán hasta 30 años de cárcel a cualquier autoridad penal que permita o facilite extorsiones desde un centro de reclusión, así como hasta 12 años de prisión a quien introduzca teléfonos inteligentes u otros dispositivos electrónicos que permitan la comunicación ilícita desde el interior de una prisión.
La ley también establece que cualquier servidor público involucrado será sujeto a destitución automática e inhabilitación para ocupar responsabilidades públicas por un periodo igual a la sentencia de prisión impuesta.
AGRAVANTES CONTEMPLADAS EN NUEVA LEY ANTI EXTORSIÓN
El dictamen detalla una lista amplia de circunstancias que incrementarían las sanciones del delito de extorsión. Entre ellas destacan:
- Si el responsable utiliza violencia física, moral o psicológica.
- Si el hecho ocurre mediante el uso de armas, instrumentos peligrosos o réplicas de armas de fuego.
- Si el agresor se ostenta como miembro de alguna organización delictiva, aun cuando ello sea simulado.
- Si el responsable utiliza vestimenta o insignias similares a las de instituciones de seguridad pública.
- Si la víctima es servidora pública o si se pretende impedir la denuncia del delito.
- Si se afecta de forma directa la economía de una comunidad.
- Si intervienen dos o más personas en la comisión del delito.
- Si el beneficio económico proviene del erario.
- Si se emplea a personas menores de edad.
- Si el responsable es servidor o exservidor público, o miembro de una empresa de seguridad privada.
- Si la extorsión proviene desde un centro penitenciario.
El dictamen añade: “El sujeto activo utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad (...) provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción”.
Asimismo, se configura agravante cuando el responsable “se ostente por cualquier medio como miembro de algún grupo vinculado a la delincuencia” o cuando se empleen armas o réplicas de armas para intimidar a la víctima.
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PENAS PREVISTAS SEGÚN LA MODALIDAD DE EXTORSIÓN
La nueva regulación tiene como objetivo frenar esquemas de extorsión que se han expandido en el país, como el cobro de piso, amenazas telefónicas desde penales, o suplantación de autoridades mediante uniformes y credenciales falsas.
El dictamen circulado ayer resume que “se aplicarán las penas previstas (...) independientemente de las que correspondan por la comisión de otros delitos”, con el fin de garantizar sanciones acumulativas en casos complejos o con múltiples responsables.
- Pena base por extorsión: de 15 a 25 años de prisión.
- Pena máxima con agravantes: hasta 42 años.
- Extorsión facilitada por autoridades penitenciarias: hasta 30 años.
- Servidores públicos que no denuncien: de 10 a 20 años.
- Ingreso de dispositivos electrónicos a penales: hasta 12 años.
- Sanción adicional a funcionarios culpables: destitución e inhabilitación por un periodo igual a la pena de prisión.
La propuesta se perfila para ser aprobada en comisiones y posteriormente en el pleno del Senado, en un contexto de creciente demanda por nuevas herramientas legales que permitan combatir con mayor fuerza la extorsión en el país.
Con información de Excelsior
