Morena teje blindaje electoral y busca evitar otro ‘coahuilazo’ en 2027 y 2030

Tras la derrota electoral de Morena en Coahuila, expertos alertan de que este escenario podría cambiar para 2027 y 2030, pues el partido en el poder ha ido tejiendo un andamiaje legal y constitucional diseñado estratégicamente para blindar su movimiento contra futuras derrotas en las urnas y asegurar su permanencia y control territorial.

Dicho entramado incluye las reformas para anular elecciones por injerencia extranjera, por injerencia del crimen organizado, la ampliación en el cargo de magistrados electorales federales y la elección judicial que definió a jueces por “acordeones”.

Para los expertos, dicho paquete de modificaciones dota al régimen de herramientas sin precedentes para revertir por la vía jurídica aquellos resultados electorales que le resulten adversos.

Explican que podrían anular candidatos desde la revisión antinarco que se haría previamente, anularían elecciones con cualquier pretexto de injerencia extranjera y además tendrían de su lado a los magistrados que tienen la facultad de anular elecciones.

”Existe un proyecto de instaurar una autocracia en México y eliminar la competencia electoral, para dejarla simplemente como una figura decorativa, que haya elecciones, que haya partidos que jueguen la función satélite, sin duda existe esa intención y ese proyecto, pero aún no queda claro si lo están logrando, pues está sujeto a pruebas empíricas y la gran prueba va a ser 2027”, puntualizó a EL UNIVERSAL Francisco Valdés Ugalde, doctor en Ciencia Política por la UNAM.

La reforma al artículo 41 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio y avalada en un periodo extraordinario, introdujo de forma expresa la “injerencia o intervención extranjera” como una causal explícita para dictar la invalidez y nulidad de comicios federales o locales.

Según la redacción aprobada, cualquier elección podrá ser anulada si se comprueba la intromisión de gobiernos, agencias, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales del exterior que influyan en el resultado.

Tras la publicación de la reforma, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reconoció abiertamente en la conferencia matutina que sí se pueden anular elecciones por injerencia extranjera en 2027 bajo este nuevo marco constitucional.

Alcalde Luján sostuvo que la enmienda ya forma parte del texto vigente, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría aplicar la nulidad basándose en una interpretación directa de la Constitución, incluso antes de que el Congreso concluya la redacción de las leyes secundarias.

”La reforma es extremadamente ambigua, da un margen de interpretación que cualquiera podría alegar intervención extranjera simplemente porque sopló el viento del norte o del oeste, cosa que es absolutamente ridícula”, agregó Valdés Ugalde.

El filtro político del INE y la asfixia financiera

A este blindaje de nulidades se añade la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual operará como un mecanismo de veto previo a las campañas.

Dicha comisión tendrá facultades para solicitar expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), y podrá congelar registros de aspirantes alegando “falta de integridad”, vulnerando el principio de presunción de inocencia.

”Yo sí veo un riesgo de uso político de las instituciones disfrazado de integridad electoral. Tal como está diseñada, la propuesta no va a tener efectos sustantivos sobre el problema que busca resolver, pero sí plantea algunos riesgos. La propuesta parte de un objetivo difícil de cuestionar, que es reducir los riesgos de infiltración criminal en las elecciones”.

”La preocupación es legítima; sin embargo, la iniciativa incorpora a autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia dentro de un proceso que tiene consecuencias político-electorales, y aunque estas instituciones no van a tener facultades para vetar candidaturas sí producirían información que puede derivar en decisiones políticas. El riesgo es la politización de esa información. Una vez que los expedientes, carpetas y reportes de inteligencia adquieran valor electoral, puede haber incentivos para que se utilicen de forma selectiva. Se puede filtrar información para perjudicar a ciertos perfiles o minimizar aquella que pueda afectar a otros perfiles. Dicho en otras palabras, una carpeta puede convertirse en un instrumento para debilitar candidaturas sólidas”, aseguró Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa.

El experto explicó que las organizaciones criminales no dependen exclusivamente de colocar a sus candidatos, sino que su capacidad de influencia se construye mediante mecanismos más complejos, como el financiamiento ilícito, violencia contra candidaturas, intimidación de adversarios, captura de autoridades locales o presión sobre gobiernos ya electos.

”Solamente va por un síntoma, pero no por el gran problema. La reforma no va a evitar la captura criminal; sin embargo, sí puede haber un efecto relevante en el uso político de las instituciones de seguridad”, agregó.

Los expertos consideran que la política de austeridad presupuestal impuesta a los partidos políticos a través de la reforma denominada “plan B electoral” también trabajará en favor del partido mayoritario, pues reduce la capacidad operativa y de despliegue de los partidos minoritarios.

”Es peligroso porque el financiamiento público es uno de los pilares para garantizar la cancha pareja, que todos tengan la capacidad de competir, de incidir, de ganar el poder por la vía institucional, y estos recortes aprobados en el plan B sí afectan la capacidad de competir, porque Morena ostenta todo y, aunque como partido también tenga recorte, como gobierno sigue siendo Morena y mantiene esta estructura con ejércitos de siervos de la nación, programas sociales, instituciones cooptadas y negocios con grupos de presión y de interés, que permiten articular estas redes clientelares que no se fueron, cambiaron de mano del PRI al PAN y ahora a Morena”, agregó Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM.

Finalmente, los expertos sostienen que la pieza que garantiza la efectividad de este andamiaje es el control del aparato que calificará los comicios.

La reforma del 2 de junio de 2026 no solamente aplazó la elección de jueces y magistrados por voto popular hasta el año 2028, sino que además incluyó una controvertida modificación que permite a los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, postularse para una reelección automática que extendería sus cargos hasta 2034.

Injerencia extranjera

Reforma al artículo 41 de la Constitución aprobada el 28 de mayo de 2026.

* Decreta la invalidez total de comicios federales o locales cuando se acrediten actos de injerencia extranjera.* Permite impugnar y tumbar judicialmente cualquier elección si se acusan intromisiones del exterior.

* Ambigüedad del término “injerencia”: permite libre interpretación de jueces y tribunales.

* Castiga “campañas de desinformación”; permite neutralizar investigaciones periodísticas incómodas.

* No tiene leyes secundarias, pero sus efectos políticos podrían aplicarse desde 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Comisión de verificación

Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

* Permite revisar minuciosamente los perfiles de los aspirantes.

* La Comisión recibirá información de las áreas federales de inteligencia, finanzas, procuración de justicia y seguridad.

* Tendrá cinco consejeros electorales. Un número tan reducido puede quedar sujeto a presiones políticas.

* INE como “juez y parte”: faculta al INE a realizar investigación criminal/financiera.

* Discrecionalidad: los partidos políticos podrán decidir qué candidaturas someten a evaluación de este órgano.