Periodistas en contra de la ‘Ley Serrano’; Artículo 19 denuncia herramienta de censura periodística
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Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, denunció cómo el gobierno ha utilizado una reforma en contra de la inteligencia artificial para perseguir al periodismo de San Luis Potosí
La libertad de prensa y las ataduras en contra de la inteligencia artificial han sido puestas en la misma bolsa, o al menos, esa es la idea que ha señalado Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Según Maldonado, la reforma al Código Penal de San Luis Potosí, llamada la ‘Ley Serrano’, la cual fue aprobada en noviembre del año pasado, se ha vuelto una herramienta para censurar las ‘voces críticas', cuando se vendió como un medio para sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial.
Maldonado señaló que esa reforma ya fue usada para ‘castigar’ a comunicadores, periodistas y comentaristas en el ámbito político. Los señalamientos del director del Artículo 19 fueron expresados en una entrevista con Alianza de Medios Mx. Argumentó que la legislación ha sido una considerable trampa para ordenar arrestos, investigaciones, órdenes de aprehensión en contra de comunicadores.
‘Se reguló muy mal, se legisló muy mal y además con conceptos muy abiertos como ‘causar alarma social’ o ‘inestabilidad’, que quedan al arbitrio de quien va a aplicar la ley, que en este caso es la Fiscalía en principio y después un juez de control’ expresó Maldonado.
SAN LUIS POTOSÍ, LA LIBERTAD DE PERIODISMO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La fijación de San Luis Potosí a la inteligencia artificial resultó de un metraje, alterado con dicha herramienta, donde se presenta al gobernador Ricardo Gallardo siendo señalado por grupos criminales.
Maldonado explicó que la legislación, con tal de condicionar a la inteligencia artificial, redactó tres nuevos delitos al Código Penal estatal de San Luis Potosí. Uno corresponde a la manipulación de identidad mediante inteligencia artificial, mientras que los otros dos fueron incluidos dentro del apartado de delitos contra la seguridad del Estado.
Las sanciones se ejemplifican en la manipulación de audios, videos o imágenes para afectar a instituciones públicas. Otra derivación yace en la difusión dolosa de contenidos ‘alterados’, mediante la inteligencia artificial, poniendo en jaque posibles denuncias periodísticas en contra de funcionarios o agencias de gobierno, en este caso, estatal.
El 16 de junio, el Artículo 19 emitió un comunicado expresando su preocupación ante los posibles casos de censura periodística, bajo el argumento de las nuevas normativas dentro del código penal estatal. Se consideró como un ‘hostigamiento’ en contra de la libertad de expresión y la labor periodística en San Luis Potosí.
Se han destacado los casos de periodistas que fueron denunciados por diferentes funcionarios y agencias de gobierno, siendo estos Eréndira Reyes, por la senadora Ruth González Silva; el comunicador Christian Herrera, por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Civil; y los periodistas Juan Pablo Moreno y Juan Pablo Moreno Guzmán, investigados por el diputado Héctor Serrano.
Por igual se destacó que no los periodistas yacen bajo la lupa del Código Penal del Estado, sino funcionarios, ya que Alejandra Hermosillo también fue denunciada por la senadora Gonzáles, quien es la esposa del actual gobernador y busca la gubernatura en las elecciones del 2027.
El Artículo 19 señaló la existencia de 10 presuntas órdenes de aprehensión, relacionadas con el caso del gobernador Ricardo Gallador.
INICIATIVAS EN CONTRA DE LA REFORMA
Tanto Maldonado, como otros medios que destacan las problemáticas de la reforma, han difundido que hay dos iniciativas factibles para contrarrestar las aplicaciones en el oficio periodístico.
*) La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que solicita invalidar los artículos incorporados al Código Penal.
*) Periodistas y ciudadanos de San Luis Potosí presentaron el pasado 5 de junio una iniciativa ciudadana para derogar estos delitos. Aunque no se ha logrado dictaminar en el Congreso local.
‘No estamos en contra de que se regule la inteligencia artificial. Es una discusión abierta en muchos países. Lo que planteamos es que debe hacerse con responsabilidad, con elementos técnicos y mediante procesos incluyentes’ aseveró Maldonado, exigiendo que ambas vías prosigan para lograr un fin.
