Piden legisladores de oposición que en renegociación de T-MEC se pueda plantear una cláusula anticrimen

Legisladores del PRI y del PAN demandaron la creación de políticas que garanticen que los gobernadores, presidentes municipales y otros cargos de elección popular no sean ocupados por personas involucradas en el crimen organizado.

Con la reforma electoral por venir, a medio año del proceso electoral intermedio y tras la detención de 25 alcaldes ligados al crimen en los últimos ocho años, el diputado priista, Emilio Suárez Licona, demandó robustecer la fiscalización del dinero que entra a las campañas.

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El representante tricolor ante el INE sostuvo que de cara a la renovación de 17 gubernaturas y diputaciones, la pretensión de la reforma electoral para disminuir las prerrogativas partidistas sólo abrirá la puerta a más financiamiento del crimen organizado en el proselitismo.

Que los candidatos acepten, resaltó, gasto proveniente de actividades ilícitas los obligaría a que una vez en el Gobierno, los políticos y funcionarios operen para el crimen.

“Estos espacios de poder, (que) muchas veces dejan las autoridades, se están viendo sustituidos por el crimen organizado. Evidentemente busca tener una expresión a través de representantes de ellos mismos en el ejercicio del poder. En este caso Presidentes Municipales o llegan a acuerdos con los Alcaldes para designar a funcionarios en carteras que a ellos les interesan”, declaró en entrevista.

Por ello rechazó el recorte al financiamiento de instituciones políticas, puesto que —resaltó— en 2024, el dinero público destinado a las campañas apenas alcanzó 0.8 por ciento.

“A mí se me hace extraordinario, se me hace inconcebible, se me hace temerario e irresponsable que, desde el Gobierno de la República, se esté impulsando una reforma electoral que lo que va a tener como consecuencia es que el crimen organizado meta dinero a las campañas políticas”, advirtió.

Ante ese escenario, señaló que el gasto que el país destina a las elecciones es bajo.

“Yo prefiero, aún cuando creo que es poco para lo que se gasta en el País, una democracia cara a una dictadura barata. Y una dictadura barata donde el crimen organizado es el que gobierna, no debe caber en México”, reprobó.

En tanto, diputados federales del PAN llamaron a impulsar una cláusula que disuelva el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en caso de que se compruebe que algún gobierno tenga nexos con el crimen organizado.

En vísperas de la renegociación del T-MEC, los diputados enviaron una petición dirigida al Canciller Juan Ramón de la Fuente y al Senado que demanda elevar la seguridad de los países y acusa que México incurre actualmente en este escenario.

”Esto elevaría un nivel mayor la seguridad en el País, no pueden llegar inversiones del extranjero si 86 por ciento del territorio nacional está en manos del crimen organizado como hay vínculos de Morena desde la Administración de (Andrés Manuel) López Obrador”, expusieron a través de un comunicado el Vicecoordinador del blanquiazul en San Lázaro, Federico Döring; el diputado migrante, Raúl Torres; y el Coordinador de América del Norte del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los panistas indicaron que continuarán viajando a Washington para exponer que en México se vive miedo.

Posturas Puntos

Propuestos por legisladores panistas: Disolver el T-MEC si se comprueba que algún Gobierno tiene nexos con el crimen organizado.

Obligar a los gobiernos a elevar los sistemas y servicios de seguridad en los países. Reconocer aportaciones de mexicanos en EU.

Impulsar la movilidad estudiantil con capacitaciones en el extranjero.

Advierten: Afirman que 86 por ciento del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Señalan que ese escenario dificulta la inversión en el país.