Piden que electos en 2027 registren en su declaración patrimonial sus criptoactivos

Ante los constantes casos de corrupción y el surgimiento de mecanismos sofisticados para esconder y lavar el dinero, Transparencia Mexicana pidió que los funcionarios públicos que resulten electos en 2027 registren en su declaración patrimonial y de intereses sus criptoactivos y cuentas en paraísos fiscales.

La organización ciudadana advirtió que los actuales formatos de declaración patrimonial no permiten registrar con claridad, y de manera estructurada, estos activos digitales, ni desagregar el tipo de activo del que se trata, y mucho menos darles seguimiento en caso de acusaciones por corrupción.

”Independientemente del monto de las inversiones que tiene un servidor público, cantidad que puede variar de un momento a otro, es central que la población sepa que sus funcionarios tienen inversiones en paraísos fiscales, lo que puede afectar los ingresos fiscales del País y facilitar que se escondan activos que permiten conocer y monitorear la situación patrimonial de una persona funcionaria pública”, señaló.

Transparencia Mexicana informó que se pondrá en contacto con legisladores y autoridades anticorrupción para detallar los ajustes normativos necesarios para implementar la medida contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

”En la última década se ha ampliado la definición operativa de ‘paraíso fiscal’ y, ahora, también incluye a los activos digitales: bitcoin, stablecoins, tokens, programas de lealtad o millas”, explicó Eduardo Bohórquez, director de la organización.La organización ciudadana consideró positivo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) endurezca su posición ante los contribuyentes, como con las recientes medidas adoptadas para prevenir el lavado de dinero.

Sin embargo, señaló que también debe ampliar sus capacidades para fiscalizar a los servidores públicos, en especial las relacionadas con los activos digitales.

Actualmente, advirtió, el SAT cuenta con pocas herramientas para monitorear estos activos, razón por la cual, en el pasado, algunos órganos de control los consideraban “engorrosos”.

”Ante la cascada de casos de corrupción y acusaciones sobre la integridad de funcionarios públicos de todas las fuerzas políticas, México necesita replantear su estrategia anticorrupción, poniendo foco en la relación entre los funcionarios electos y fuerzas criminales que buscan amedrentarlos o capturarlos por la vía económica”, señaló.