Preocupa a la CIDH la reforma judicial de México, por lo que va a monitorear su implementación

WASHINGTON- La CIDH manifestó su gran preocupación por la polémica reforma judicial de México, en la que se establece la elección popular de los jueces, por lo que, aseveró va a monitorear su implementación con el objetivo de vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial.

Así mismo, de acuerdo a un comunicado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también advierten “sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho”.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia CIDH audiencia sobre reforma judicial

Por su parte, la CIDH asiente la “importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México”, por lo está levando acabo un “seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial”, precisa el comunicado.

En este sentido, prosigue el comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una gran cantidad de información de parte de organizaciones de la sociedad civil, así como de personas expertas y de operadoras de justicia referente a las probables “afectaciones” provocadas por la reforma constitucional “frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”.

En opinión de Andrea Pocak, quien es la relatora del organismo para México ”tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”.

Hasta ahora, teniendo en cuenta la “información disponible,” en esta reforma está incluido “el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027” con lo que se pretende “dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país”, apunta el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Entre todas y todos vamos a transformar el Poder Judicial, asegura Sheinbaum

Esta situación atrapó la atención de la CIDH debido “a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.

DESAFÍOS EN CUANTO AL ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO

En lo que se refiere a los desafíos que enfrenta México en cuanto al acceso a la justicia, la CIDH comparte que aún persisten estos retos que conducen a elevados “niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros”.

Sin embargo, en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una reforma constitucional de esta “envergadura” tiene que “conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana”; con el propósito de que las posibles modificaciones que se implementen “fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos”.

“En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”, explica la CIDH.

PREOCUPA A LA CIDH LAS DESCALIFICACIONES A LAS PERSONAS JUZGADORAS

No obstante a que el Estado informó sobre la realización de varios diálogos nacionales con objetivo de garantizar la participación ciudadana en la reforma al Poder Judicial que se llevaron acabo entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, llama la atención a la CIDH que debido a la rapidez en su tramitación se imposibilitan “las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas”. Derivado de esta situación, preocupa a la CIDH “las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”, detalla el comunicado.

En su informe referente a las Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, la CIDH precisa que “un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia”.

Por lo que acentúa la trascendencia de que “los sistemas de selección y nombramiento garanticen el principio de igualdad y no discriminación; que establezcan criterios de selección con base en el mérito y capacidades profesionales y calificaciones jurídicas apropiadas; que se realicen en el marco de procesos públicos y transparentes; que garanticen la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial; y que determinen mandatos con una duración de tiempo definido y suficiente”, explica el comunicado.

“En esta línea, los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia”, concluye la CIDH.

TRAS LA QUEJA POR LA REFORMA JUDICIAL DE MÉXICO, LA CIDH LLEVA ACABO UNA AUDIENCIA

La audiencia se llevó acabo en Washington tras una queja que fue interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicanos en contra de la reforma al Poder Judicial que fue promulgada el pasado 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el apoyo de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

En su defensa, el Gobierno mexicano asevera que son los ciudadanos los que deben poder elegir a los jueces con lo que de este modo ampara la constitucionalidad de la reforma, tras ser aprobada por una amplia mayoría del Congreso.

Sen embargo, el personal judicial mexicano acusa que hay una intromisión del poder Ejecutivo en la Justicia, ya que el oficialismo (Morena) va a impulsar a sus candidatos para las elecciones de jueces que se realizará en 2025.

”La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, afirmó Pocak después de escuchar las versiones tanto de los demandantes como del Gobierno.

Por lo que la relatora precisó que cualquier reforma que está destinada a democratizar el sistema judicial tiene que respetar “principios básicos” tales como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes.

Asimismo, advierte que reformas semejantes en otros países demuestran que existen “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial” por las elecciones de jueces.

Por lo que Pocak expresó que la CIDH continuará “monitoreando” la implementación de esta reforma y a su vez, se comprometió a sostener un “diálogo permanente con el Estado” debido a que México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos.

El comisionado Carlos Bernal fue más crítico y consedera que la reforma judicial mexicana es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” debido aque el Gobierno está “intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”.

”Un Gobierno que arrasa en las urnas a la presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargo de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”, añadió Bernal.

Con información de la Agencia EFE y la CIDH.