Provocan ataques éxodo en Guerrero

Familias indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron una escalada de ataques armados y el uso de drones explosivos por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias en la región.

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informaron que la ofensiva comenzó el pasado miércoles contra las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocan, todas pertenecientes al municipio de Chilapa. Las cuatro comunidades se ubican en una franja serrana de difícil acceso al oriente de Chilpancingo.

Según el reporte, presuntos sicarios lanzaron ayer, alrededor de las 7:30 horas, tres drones sobre Tula e instalaron trincheras a solo 200 metros de una base militar, sin que las fuerzas federales intervinieran. El CIPOG-EZ acusó directamente al Ejército, la Guardia Nacional y a las corporaciones estatales de complicidad por omisión ante el asedio.

‘Están atacando a la comunidad desde las montañas a su alrededor. Denunciamos la complicidad y responsabilidad de los tres niveles de gobierno, que protegen a los criminales mientras abandonan a nuestros pueblos al terror y a la muerte’, señaló la organización en un pronunciamiento.

El saldo de la violencia reciente incluye a una mujer herida por bala en Xicotlán el pasado 8 de mayo. No obstante, el Consejo advirtió que en los últimos años suman 76 integrantes asesinados y 25 desaparecidos. El uso de aeronaves no tripuladas en esta zona de Guerrero refleja la adopción de tácticas criminales ya documentadas en Michoacán y Jalisco.

El Consejo alertó que Tula ha quedado prácticamente vacía, mientras que en las localidades vecinas la población civil —incluidos niños y adultos mayores— permanece bajo fuego. ‘Tememos por nuestras vidas. Nos están desplazando, nos están atacando y nos están dejando solas’, indicó la CIPOG-EZ.

‘Los Ardillos’ son identificados como una organización criminal con base en la zona centro de Guerrero y presencia en municipios como Chilapa, Quechultenango y José Joaquín de Herrera.

El grupo ha sido relacionado con ataques a policías comunitarias, emboscadas, desplazamientos forzados y homicidios de activistas indígenas, en una región que conecta Chilapa con comunidades de la Montaña Baja, históricamente marcada por la siembra de amapola, la disputa de rutas y la débil presencia institucional.

De acuerdo con reportes de inteligencia, la organización además mantiene una disputa con “Los Tlacos”, otro grupo armado de la zona, conflicto que ha derivado en masacres, bloqueos y desplazamientos de población.

Ante la gravedad de la situación, el CIPOG-EZ solicitó la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos y convocó al Congreso Nacional Indígena (CNI) a movilizarse.

‘Si nos matan o desaparecen, la responsabilidad será del Gobierno estatal y federal’, sentenció. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había emitido un informe oficial sobre operativos en la zona o el saldo de los ataques.