Ratifican sentencia contra Sergio Islas, ligado a la Estafa Maestra; le ordenan devolver más de 250 mdp
COMPARTIR
En sesión pública, el pleno de magistrados del TFJA declaró infundados los agravios presentados por Islas Olvera
CDMX.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que ordena a Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, devolver al erario más de 250 millones de pesos desviados en el caso de la “Estada Maestra”.
En sesión pública, el pleno de magistrados declaró infundados los agravios presentados por Islas Olvera, sentenciado a 10 años y tres meses de prisión por el delito de peculado, en julio de 2024, respecto a que las acusaciones en su contra ya habían preescrito.
Sin embargo, el Tribunal reveló que la irregularidad cometida durante su ejercicio como servidor público, tuvo un carácter continuo.
EL ASUNTO RESUELTO FORMA PARTE DE LA FISCALIZACIÓN HECHA POR LA ASF
Y es que como director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera simuló la subcontratación de servicios entre el 29 de mayo y el 4 de septiembre de 2015, y la notificación del citatorio al procedimiento de responsabilidad resarcitoria se realizó dentro del plazo legal de cinco años contados a partir del cese de la conducta, informó el TFJA.
De acuerdo con las investigaciones, el exservidor público realizó transferencias y pagos en recursos federales desde Radio y Televisión de Hidalgo a empresas “fachada” o inexistentes”, como parte de un esquema para el desvío de recursos público que se denominó “Estafa Maestra”.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que el asunto resuelto forma parte de la fiscalización hecha en su momento por la Auditoría Superior de la Federación a los esquemas de triangulación de recursos federales entre dependencias del gobierno federal y organismos públicos estatales, operación conocida públicamente como la “Estafa Maestra”, en la que se utilizaron convenios interinstitucionales para evadir licitaciones públicas y canalizar fondos hacia entes estatales para su posterior desvío mediante subcontrataciones irregulares.
