Se desplomó investigación en CIDE

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México
/ 8 febrero 2026

El Plan de Trabajo 2025 solventó una observación de la ASF, buscaba definir estrategias para incrementar los proyectos de investigación

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la gestión de José Antonio Romero Tellaeche, asignó 42% de plazas que debían ser para profesores a personal administrativo, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la última inspección de desempeño a esta institución realizada en 2023.

José Roldán Xopa, secretario general del sindicato del CIDE, asegura que la situación se mantuvo al menos hasta 2025.

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De acuerdo con la auditoría de desempeño 2023-2-3890M-07-0043-2024, emitida por la ASF en 2023, “de las 176 plazas asignadas a profesores, 75 se usaron para desempeñar actividades administrativas”. Al respecto, Roldán Xopa explica en entrevista que las plazas académicas se usaron en tareas distintas a las que están destinadas bajo el argumento de que no habían sido autorizadas plazas administrativas.

Los tabuladores que determinan los sueldos de la institución muestran amplias diferencias: mientras un profesor investigador titular “C”, el nivel académico más alto, tiene un sueldo bruto base de 45 mil 504 pesos y un técnico auxiliar “A” percibe 11 mil 110 pesos, en el área administrativa un delegado recibe 23 mil 49 pesos y un archivista, 7 mil 253 pesos; no obstante, Roldán subraya que las condiciones de cada contratación varían y no es posible determinar con certeza quién gana más.

Ante la observación de la ASF, la Dirección de Recursos Humanos del CIDE presentó en enero de 2025 una propuesta para solicitar plazas de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. Con la presentación de este diagnóstico organizacional, la ASF consideró solventada su observación.

La doctora en Derecho, Catalina Pérez Correa, exprofesora-investigadora del CIDE, asegura en entrevista que la administración de Romero Tellaeche “violó reiteradamente la normatividad interna para realizar contrataciones mediante designaciones directas”.

El objetivo era evadir los canales institucionales diseñados para garantizar la excelencia académica y la trayectoria en investigación de los nuevos ingresos. La abogada advierte que “se privilegiaron perfiles con afiliación política al partido oficialista por encima de las credenciales científicas”.

DESPLOME DE INVESTIGACIÓN

Entre otras observaciones por el ente auditor, también se encontró una baja en la producción de investigaciones. Mientras que en 2018 la institución desarrollaba 134 proyectos de investigación y programas de educación continua con recursos externos y del Conahcyt, para 2023 la cifra se redujo a sólo 16.

Lo mismo ocurrió con respecto a los proyectos de investigación científica, los cuales pasaron de 82 a apenas seis en el mismo periodo, lo que representa una disminución de 92%. También se dio un descenso en los productos de investigación (artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo), de 447 a 224. Mientras que los programas de educación continua se redujeron, al pasar de 52 en 2018 a 10 en 2023.

La institución atribuyó la caída en su actividad de investigación a la extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en diciembre de 2021, medida derivada del decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que justificó la desaparición de fideicomisos para redirigir recursos a la atención de la pandemia por Covid-19.

La auditoría señala que, tras esta decisión, el CIDE se quedó sin reglas de operación para administrar recursos de terceros ni políticas para el uso de ingresos autogenerados, lo que limitó la captación de financiamiento externo; la observación fue considerada solventada luego de acreditarse el Plan de Trabajo 2025, orientado a elaborar un diagnóstico y definir estrategias para incrementar los proyectos de investigación.

Catalina Pérez señala que la desaparición de estos fondos “eliminó la posibilidad de mejorar el equipamiento de la institución, otorgar becas a estudiantes y dar continuidad a proyectos de largo aliento que ya estaban en marcha”.

DESPIDOS, CENSURA Y FUGA DE TALENTO

Para José Roldán Xopa, la baja producción de proyectos de investigación científica no se explica únicamente por la falta de fondos, sino por un “clima adverso” que ha provocado una salida constante de académicos. “Durante la última revisión contractual del sindicato se contabilizaron 20 vacantes, lo que representa cerca de 10% de la planta docente total”, resalta.

El secretario general del SIPACIDE califica esta pérdida de personal como “una hemorragia que persiste y no logra cicatrizar”.

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Según Roldán, las renuncias y despidos fueron constantes debido al desacuerdo con la gestión de Romero Tellaeche, la falta de recursos para prestaciones de los profesores y la eliminación de las Cátedras Conahcyt.

Catalina Pérez era colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD), el cual cerró en la gestión de Tellaeche. La abogada relata que la mayoría de los investigadores del programa pertenecían a Cátedras Conahcyt y fueron expulsados mediante una petición directa del exdirector, bajo el argumento de que “sus líneas de investigación no eran compatibles con los intereses del centro ni con las prioridades del país”.

Entre los especialistas desplazados se encontraban perfiles que estudiaban temas de urgencia nacional, como el tráfico de fentanilo, la violencia analizada como una epidemia y el impacto del sistema de justicia en mujeres usuarias de sustancias bajo enfoques de reducción de daños.

RECONSTRUIR EL CIDE: LOS RETOS DE LUCERO IBARRA

Para José Roldán Xopa, la llegada de la doctora Lucero Ibarra al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas permite reconducir la vida institucional bajo condiciones más razonables.

Sostiene que la recuperación de la institución requiere tres ejes urgentes: devolver las plazas académicas a su función original, eliminar la contratación por honorarios y retomar concursos de oposición abiertos.

Por su parte, Catalina Pérez advierte que la destitución de Romero Tellaeche no es suficiente. “Debe existir un proceso formal de rendición de cuentas para investigar el destino de los recursos, el manejo de las plazas y las razones detrás de los despidos”.

Para la académica, volver a la normalidad institucional exige transparencia sobre lo que ocurrió durante los últimos cinco años para que el exdirector se responsabilice por sus decisiones.

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OTRAS OBSERVACIONES

La auditoría encontró una baja en la producción de las investigaciones; las cifras de 2023 fueron:

* Realizó 16 proyectos de investigación y programas de educación continua con recursos externos y del Conahcyt, frente a los 134 de 2018.

* Desarrolló seis trabajos de investigación científica, contra los 82 de 2018.

* Elaboró 224 productos de investigación (artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo), y en 2018 fueron 447.

* Produjo 10 programas de educación continua, contra 52 en 2018.

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