Son mujeres, 11 de las 15 personas asesinadas en ataques a escuelas de México desde el año 2000
De las 15 personas que han muerto en este tipo de hechos desde el año 2000, 11 eran mujeres, lo que equivale a 73 por ciento del total
Las mujeres representan la mayoría de las víctimas mortales registradas en ataques con armas de fuego dentro de planteles educativos en México durante las últimas dos décadas.
De las 15 personas que han muerto en este tipo de hechos desde el año 2000, 11 eran mujeres, lo que equivale a 73 por ciento del total.
El dato forma parte de una revisión realizada por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez Valdés, a partir de la base que ha construido con información hemerográfica y fuentes abiertas sobre violencia con armas de fuego en escuelas.
De las 11 mujeres asesinadas, cuatro eran alumnas y siete formaban parte del personal de los planteles, principalmente como maestras, aunque también se registran trabajadoras administrativas.
La concentración de estos casos es relativamente reciente. El primer homicidio de una mujer incluido en la serie ocurrió en 2007 y aproximadamente 10 de las 11 muertes femeninas se produjeron durante los últimos 10 años. Siete de ellas ocurrieron en los últimos cinco.
Sánchez Valdés, sin embargo, advierte que estas cifras no permiten concluir por sí mismas que exista una tendencia nacional de violencia dirigida específicamente contra las mujeres. Su registro no fue diseñado para estudiar violencia de género y tampoco permite establecer el móvil de cada ataque.
MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS SE CONCENTRAN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La revisión también muestra un incremento importante en el número de incidentes registrados.
Desde el año 2000, la base contabiliza 157 episodios con armas de fuego dentro de planteles educativos.
Sólo entre enero y septiembre de 2026 se documentaron 31, la cifra anual más alta de toda la serie, aunque todavía no corresponde a un año completo.
El aumento se vuelve más evidente al observar los últimos años. En 2017 se registraron ocho casos; en 2018, cinco; en 2019 y 2020, 10 en cada año.
Después de que en 2021 no se documentara ningún episodio, los registros volvieron a crecer: 17 en 2022, 19 en 2023 y 11 en 2024.
En 2025 se contabilizaron 30 incidentes y, durante los primeros nueve meses de 2026, otros 31.
De esta manera, 61 de los 157 casos registrados desde 2000 ocurrieron entre 2025 y septiembre de 2026, es decir, casi cuatro de cada 10 incidentes de toda la serie.
EL CASO DE TORREÓN QUEDA FUERA DE LA ESTADÍSTICA
El ataque ocurrido recientemente en la Secundaria 13 de Torreón volvió a colocar la violencia dentro de las escuelas en el centro de la discusión pública. Sin embargo, ese episodio no forma parte de los 157 casos contabilizados por Sánchez Valdés.
La razón es estrictamente metodológica: la base considera exclusivamente hechos en los que se utilizaron armas de fuego.
En Torreón, la subdirectora Nery Edith Narváez González murió por heridas provocadas con armas blancas y otras cuatro personas resultaron lesionadas.
El caso evidencia una de las principales limitaciones de la estadística disponible. Actualmente no existe un registro público nacional que concentre en una misma base agresiones escolares cometidas con armas de fuego, cuchillos, explosivos u otros medios.
Por ello, los 157 incidentes representan sólo una parte de la violencia que ocurre dentro de los centros educativos.
POCOS ATAQUES MORTALES TUVIERON UNA AMENAZA PREVIA IDENTIFICADA
La revisión también permitió analizar si los ataques mortales estuvieron precedidos por advertencias públicas.
De los 11 incidentes registrados en los que hubo personas fallecidas, sólo en uno se encontró un anuncio previo documentado. En los otros 10 no apareció una amenaza anticipada en las fuentes revisadas.
El dato adquiere especial relevancia después de lo ocurrido en Torreón, donde las autoridades investigan también la actividad digital de los dos hermanos de 18 años señalados como responsables.
Sin embargo, la información disponible no permite establecer una relación general entre las amenazas en Internet y los ataques escolares.
DE LA FRUSTACIÓN A LAS COMUNIDADES DIGITALES
La investigación sobre el caso de Torreón también ha llevado la atención hacia determinados espacios digitales en los que pueden circular discursos misóginos, contenidos que glorifican la violencia y comunidades construidas alrededor del resentimiento.
La psicóloga Nereida González explica que el término incel proviene de involuntary celibate, expresión que significa “célibe involuntario”. El concepto no nació como una corriente violenta, pero con el paso del tiempo algunos espacios vinculados con esta identidad evolucionaron hacia comunidades donde ciertos hombres atribuyen a las mujeres la responsabilidad de sus frustraciones afectivas y sociales.
La UNAM ha estudiado este tipo de espacios dentro de la llamada “manósfera”, un ecosistema digital en el que circulan discursos antifeministas y misóginos.
Para Mario Fausto Gómez Lamont, especialista en masculinidades, el fenómeno no debe analizarse únicamente desde las características individuales de quienes participan en estas comunidades.
Las redes sociales pueden proporcionar a hombres jóvenes anonimato, identidad y una sensación de pertenencia, pero también facilitar el contacto con discursos que refuerzan determinadas ideas de frustración y resentimiento.
El proceso puede comenzar con contenidos relacionados con relaciones sentimentales, inseguridad, masculinidad o fracaso amoroso y posteriormente trasladarse a grupos donde se responsabiliza a las mujeres por los problemas de los hombres y se utilizan códigos y símbolos para fortalecer la identidad colectiva.
EL CONTENIDO QUE APARECE EN PANTALLA TAMBIÉN IMPORTA
Otro elemento señalado por los especialistas es el funcionamiento de las propias plataformas digitales.
El especialista en seguridad digital Arturo Béjar ha advertido que herramientas como los sistemas de recomendación, la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones están diseñadas para prolongar la permanencia de los usuarios.
Esto significa que la exposición de un adolescente a determinados contenidos no depende únicamente de aquello que busca voluntariamente. Los sistemas de recomendación también pueden determinar qué publicaciones, videos o comunidades aparecen repetidamente frente a él.
El riesgo, señalan los especialistas, no puede atribuirse exclusivamente a una búsqueda individual, sino que también requiere analizar el entorno digital en el que ocurre el consumo de contenidos.
Al mismo tiempo, hacen una precisión: tener problemas emocionales, sentirse aislado, experimentar ansiedad o atravesar dificultades afectivas no convierte a una persona en agresora. Del mismo modo, pertenecer a comunidades digitales misóginas no conduce automáticamente a cometer violencia física.
La misoginia no es una enfermedad mental
La discusión también ha generado advertencias sobre la necesidad de separar los problemas sociales de los diagnósticos médicos.
La médica Beatriz Martínez Romero, de la UNAM, ha señalado que la misoginia no constituye una enfermedad mental, sino un problema social. Asociarla automáticamente con un padecimiento psiquiátrico puede contribuir a estigmatizar a personas que requieren atención en materia de salud mental.
Esta diferenciación resulta especialmente importante cuando se intenta explicar ataques violentos a partir de una sola característica del agresor.
UN FENÓMENO CON MÚLTIPLES FACTORES
Para Sánchez Valdés, los ataques dentro de las escuelas no pueden atribuirse a una sola causa.
Entre los elementos que considera necesario estudiar se encuentran la exposición constante a contenidos violentos, problemas de salud mental que no hayan sido detectados o atendidos oportunamente y la disponibilidad de armas dentro de los hogares.
A estos factores pueden sumarse las circunstancias familiares, sociales, escolares y digitales de cada caso.
Por ello, el investigador plantea que cada episodio debe analizarse de manera individual, evitando convertir una sola variable en una explicación general para todos los ataques.
LO QUE TODAVÍA NO SE PUEDE MEDIR
La falta de un registro nacional integral impide responder preguntas que resultan fundamentales para dimensionar el fenómeno.
No existe actualmente una base pública que permita conocer con precisión cuántas agresiones escolares estuvieron precedidas por amenazas en Internet, cuántas incluyeron referencias a ataques anteriores, cuántas tuvieron componentes misóginos o cuántas estuvieron relacionadas con comunidades digitales que glorifican la violencia.
Tampoco existe una estadística nacional que permita cruzar de manera sistemática variables como el tipo de arma utilizada, la edad y sexo de las víctimas, la relación del agresor con el plantel, sus antecedentes, la existencia de amenazas previas y el resultado de las investigaciones.
El caso de Torreón vuelve visible ese vacío: aunque una mujer murió dentro de una escuela, el episodio no se incorpora a la estadística de 157 porque el registro de Sánchez Valdés se limita a las armas de fuego.
Construir una fotografía más completa requeriría un sistema que reuniera todas esas variables y permitiera analizar conjuntamente las diferentes formas de violencia dentro de los planteles.
LA PREVENCIÓN NO TERMINA EN LA REVISIÓN DE MOCHILAS
Frente a este escenario, los especialistas plantean que la respuesta no puede limitarse a revisar mochilas, vigilar teléfonos celulares o restringir el acceso de los estudiantes a Internet.
Entre las medidas que consideran necesarias se encuentran el fortalecimiento de la alfabetización digital, la educación emocional y el pensamiento crítico, además de un mayor acompañamiento familiar y escolar.
También señalan la importancia de mejorar el acceso oportuno a servicios de salud mental y de discutir la responsabilidad de las plataformas frente a los contenidos que sus sistemas de recomendación pueden amplificar.
Los datos disponibles muestran un incremento reciente de los ataques con armas de fuego dentro de las escuelas y, al mismo tiempo, revelan una característica que requiere mayor investigación: las mujeres constituyen la mayoría de las víctimas mortales identificadas en la serie.
Pero también dejan claro que todavía falta información para determinar cómo se relacionan —o si se relacionan— factores como la violencia digital, la misoginia, las amenazas previas, las condiciones sociales, la salud mental y el acceso a armas con cada uno de estos episodios.
