‘Tumba’ Corte controversia contra decretazo de obras de AMLO
Determinan que decreto que declaró de seguridad nacional diversas obras no afecta atribuciones del Congreso de la Unión
La Suprema Corte de Justicia desechó hoy, en definitiva, la controversia de la Cámara de Diputados contra el decreto presidencial de mayo de 2023, que declaró obras de seguridad nacional e interés público al Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal.
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte confirmó el desechamiento dictado por la Ministra Loretta Ortiz en enero de 2024, casi siete meses después de que la controversia fue promovida por el entonces Presidente de la Cámara, el panista Santiago Creel.
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La Corte determinó que el decreto presidencial no afecta ninguna atribución o facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que no procede estudiar su demanda.
El entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este decreto por la tarde del 18 de mayo de 2023, horas después de que el Pleno de la Corte invalidó en su totalidad otro acuerdo, de noviembre de 2021, que clasificó como seguridad nacional y ordenó agilizar trámites de un número indeterminado de proyectos prioritarios de su Gobierno.
El acuerdo de 2021 fue impugnado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y en ese caso, la mayoría de los Ministros consideró que dicho órgano sí tenía interés para impugnarlo, porque afectaba sus facultes en materia de transparencia.
“El reclamo de la Cámara de Diputados implica la incidencia del acto de autoridad en una esfera de competencia que no le es propia, sino de un órgano de transparencia; por lo que, al no incidir en ella, tampoco puede considerarse que tenga interés legítimo para acudir a la controversia constitucional”, explicó hoy la Segunda Sala, en su última sesión del año.
Además de los decretos de López Obrador, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) también le dio esa categoría a las obras prioritarias a cargo de militares.
En la práctica, los acuerdos del Ejecutivo y del CSN han servido para impedir que se conozcan públicamente los contratos y gastos específicos de los tramos cinco al siete del Tren Maya y múltiples obras relacionadas, como los seis hoteles, cuatro edificios corporativos y dos parques que construyó el Ejército en varios puntos de la Península de Yucatán.
Tampoco se conocen varios de los contratos asignados por la Secretaría de Marina para el CIIT, incluidos algunos para obras de rehabilitación de vías y compra de trenes, así como los términos precisos de las concesiones que se han otorgado a empresas privadas para operar los Polos de Desarrollo para el Bienestar.
