Indagó SFP más a Rivera que a pareja de Bartlett

Nacional
/ 21 diciembre 2019

En el caso de la actriz se investigó de fondo sus percepciones, pero no los de Abdala


CDMX.-  Virgilio Andrade e Irma Eréndira Sandoval, titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, usaron los mismos argumentos para exonerar a los investigados en los casos de la “Casa Blanca” y de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su presunta responsabilidad en actos de corrupción y conflicto de interés.

La más obvias son los veredictos de ambas investigaciones  respecto a la posesión de las lujosas propiedades; la primera, sobre la casa de la entonces esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, emitida por Andrade, en la que aseguró que “la señora compró los bienes con recursos propios”. El mismo argumento lo dio Sandoval al referirse a las propiedades a nombre de Julia Elena Abdala, pareja sentimental desde hace 20 años de Bartlett. 

Además, sostuvo que el titular de la CFE no estaba obligado a reportar los bienes de la mujer con la que tenía una relación afectiva, pues no era su esposa ni su concubina.

La diferencia de fondo fue que en la investigación hecha a Rivera se hicieron indagatorias sobre las actividades profesionales y montos percibidos por la actriz, mientras que no se realizaron investigaciones sobre las percepciones de la empresaria Abdala Lemus.

Por otra parte, Peña y Bartlett fueron exonerados de la posible responsabilidad de  entregar contratos de dependencias federales a empresas de familiares y contratistas.

Sobresale que en la investigación de la “Casa Blanca” fueron entrevistados 111 servidores públicos susceptibles de haber sido presionados para otorgar contratos; en el caso Bartlett, ninguno, no obstante que algunas empresas de su pareja aparecen en el censo de proveedores de CFE; lo cual —Sandoval aseguró— no obliga a la dependencia a contratarla.

Ambos titulares de la SFP deslindaron a los servidores públicos, pues coincidieron en que el presunto delito no se maquinó en periodos donde Peña Nieto y Bartlett, respectivamente, estaban en funciones.