INE obliga a empleados a firmar para deslindarse por si enferman de COVID

Cuernavaca.— De cara al proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió el regreso total de su plantilla laboral, incluidos los empleados clasificados con alto riesgo ante el Covid-19.

Sin embargo, de acuerdo con trabajadores de Morelos, el instituto solicitó a los empleados en condición de vulnerabilidad firmar una carta en la que deslindan al organismo de responsabilidad en caso de enfermar.

El documento, dice el licenciado Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, no exime al INE de sus obligaciones ante una posibilidad de contagio, mucho menos en los módulos de atención, donde hay mayor riesgo para todos los empleados.

“Aunque los trabajadores firmen esa carta y deslinden de responsabilidades al INE, no aplica. No pueden renunciar a sus derechos con una simple carta. Ese formato tampoco libera al INE de su obligación, aunque los empleados suscriban bajo juramento”, ironizó Paredes.

El asunto, afirman los trabajadores del INE —quienes pidieron guardar su identidad—, es que el instituto primero les pidió declarar si padecían de alguna enfermedad o antecedentes médicos que los colocara entre los grupos de riesgo, por lo que varios manifestaron diabetes, obesidad e hipertensión, y uno declaró antecedentes de cáncer.

En un primer momento su palabra bastó para que el INE los enviara a trabajar a sus hogares, pero con el cambio del semáforo epidemiológico recibieron circulares vía correo electrónico en las que les notificaron que las condiciones habían cambiado y que era necesario su regreso, pero bajo la condición del deslinde de responsabilidades.
 
La última circular desató la inconformidad de varios trabajadores, pues el INE les pide a las personas pertenecientes a los grupos de alto riesgo presentar justificantes médicos del ISSSTE o de médicos particulares, donde se detalle el padecimiento que los sitúa en ese sector.

Circulares de deslinde

Liliana Díaz del León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Morelos, afirma que desde el 17 de marzo en el instituto se tomaron acuerdos ante la situación por el Covid-19, como trabajar desde casa.

En los módulos se reanudó el servicio desde hace unos meses en dos fases. Primero, para la entrega de las credenciales de elector, y luego, para todo tipo de trámites, pero sólo con citas.

Durante esas dos etapas regresaron 81 personas a prestar sus servicios, primero en los módulos de Jojutla, Yautepec y Zapata, y después en el resto.

El INE tiene en los módulos de Morelos 104 trabajadores entre plaza presupuestal y honorarios permanentes, de ellos, regresaron 81 porque el resto está entre los grupos de riesgo.

La primera circular del INE que provocó la protesta de los trabajadores fue el Acuerdo NJG69220, en el que se establece el regreso de las actividades presenciales, así como los grupos de riesgo y sus características.

En ese acuerdo se ordenó la creación del Grupo de Trabajo INE/SE/019/2020 para la toma de decisiones y la atención de la pandemia; es el encargado de diseñar la estrategia de regreso, explica Díaz de León Zapata.

De acuerdo con la funcionaria, ese grupo, asesorado por expertos en la materia, observó que hay personas que pertenecen a un grupo de riesgo pero que manifestaron su intención de apoyar al INE, y que desde la Secretaría Ejecutiva del instituto electoral se elaboró la circular INE/SE/018/2020 del 28 de agosto, para dirigirla a los trabajadores con deseos de participar con las acciones del organismo.

“A sabiendas de que forman parte de un grupo de riesgo pueden hacerlo [trabajar] porque es su derecho. Estamos hablando de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se reconoce en todas las personas de realizar actividades lícitas que satisfagan sus inquietudes y su proyecto de vida”, citó la vocal.

Sin embargo, el documento provocó protestas, pues deslinda de toda responsabilidad al INE: “Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que llevo a cabo actividades inherentes al puesto o contrato de prestación de servicios, de forma presencial, con el conocimiento de SI/NO encontrarme dentro de los grupos considerados como vulnerables ante el Covid-19, conforme al protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el INE y con ello deslindar al instituto o personal del mismo de responsabilidad alguna”.

Semanas después, la circular INE/SE/018/2020 tuvo un anexo que reforzó el llamado a sus trabajadores, pero también el descargo de responsabilidades: “Cuando un servidor o servidora público se encuentre en los supuestos de atender actividades prioritarias presenciales o semipresenciales, pero que no le es exigible hacerlas por ubicarse en alguna de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, debe reconocerse la posibilidad de que lo haga mediante una decisión libre e informada, si lo expresa y lo hace constar”.

La última circular, de septiembre pasado, provocó protestas de trabajadores en condición de vulnerabilidad, porque se modificó el protocolo para el regreso de las actividades en módulos de atención ciudadana.

En esa circular se indica “que el personal o personas prestadoras de servicio que se encuentren dentro de los grupos vulnerables que no puedan llevar a cabo actividades presenciales, deberán presentar ante el coordinador administrativo o enlace administrativo el justificante médico oficial expedido por el ISSSTE para el caso de quienes lo tengan o médico particular, en el que se detalle el padecimiento que lo sitúa en el grupo vulnerable, de conformidad con los criterios para las poblaciones”.

Al respecto, Díaz de León Zapata aseguró que en un principio las personas vulnerables manifestaron su situación de palabra y el INE actuó de buena fe, lo tomó como válido, pero que ahora hay una modificación.

La carga de la próxima elección

Presionados por las circulares, varios trabajadores vulnerables ante el Covid-19 firmaron la carta, pero otros comparten su protesta en un chat en el cual se leen mensajes de rechazo a las medidas del INE.

Los trabajadores señalan que se sienten desprotegidos, principalmente aquellos contratados bajo la figura de honorarios permanentes, pues, dicen, no tienen certidumbre laboral ni un sindicato que los defienda.