Pegan a la inversión en energía los derechos de paso y el nacionalismo

MONTERRY- La falta de inversión en infraestructura eléctrica para atender la creciente demanda que hay en el País por el nearshoring se ve afectada por un nacionalismo anticuado que obstaculiza la participación privada, según un diagnóstico realizado por investigadores el Centro para Estados Unidos y México del Baker Institute de la Universidad de Rice.

Además, también afectan los derechos sobre la tierra que complican cualquier proyecto a gran escala, ya que casi el 50 por ciento es propiedad social.

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El documento derivó de un taller titulado “El problema de la energía: el nearshoring y el sector energético de México”, donde participaron los analistas Tony Payán, Rodrigo Montes de Oca, Rolando Fuentes, Roberto Durán-Fernández, quienes se sumaron a las advertencias de los desafíos que enfrentan los inversionistas que buscan relocalizar sus cadenas productivas, ante la incertidumbre de contar con suficiente energía.

Parte de lo abordado fue que si bien la Constitución mexicana otorga al Estado la propiedad exclusiva y los derechos operativos de transmisión y distribución, que implementa a través de la CFE, también el mismo marco legal permite contratos entre entidades privadas y la paraestatal, no sólo en la generación, sino también en la infraestructura de transmisión.

”Sin embargo, en la práctica, la actividad regulatoria y los obstáculos administrativos plantean desafíos importantes a la participación privada, como observaron los participantes del taller”, señaló el Baker Institute.

”Por lo tanto, el problema no es el marco constitucional y legal en sí, sino más bien la política actual, que resta importancia y desalienta la inversión privada”.

Además, refirió que los derechos sobre la tierra en México, con sus complicaciones concomitantes de derecho de paso, también surgen como un desafío importante, no sólo para los proyectos de transmisión, sino también para cualquier proyecto de infraestructura a gran escala en el País, dado que casi el 50 por ciento de la tierra es de propiedad social.

Por Luis Alberto Díaz, Agencia Reforma.