Suprema Corte analizará constitucionalidad de la llamada Ley Atenco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad, promovida por diputados del Estado de México, en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en esa entidad.

El ministro Javier Laynez Potizek admitió el recurso en suplencia de Alberto Pérez Dayán, quien se encuentra en Paraguay, donde participará en la Cumbre Judicial Iberoamericana; sin embargo, será Pérez Dayán, quien tendrá que resolver.

Los diputados del Estado de México solicitan la declaración de invalidez de la también llamada Ley Atenco, que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad.

La acción de inconstitucionalidad se solicitó luego del rechazo que la nueva ley provocó, por lo que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, solicitó a los diputados locales promover el recurso para que sea la SCJN, la que acredite la legalidad del nuevo ordenamiento.

De acuerdo con el gobernador, la ley Atenco también será analizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “con la finalidad de escuchar todas las voces expresadas entorno a la misma y atender las recomendaciones que puedan mejorarla”.

La llamada Ley Atenco prevé que si las autoridades del Estado de México consideran que, en una protesta, los manifestantes se expresan con amenazas para intimidar, o para obligar a que se acepten sus demandas, entonces “se procederá” y se aplicará la fuerza pública.

“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá”, se lee en el artículo 15 del documento.

El dictamen de la ley hace énfasis en que el objetivo es regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, pero “de manera racional, congruente, y oportuna”, con respeto a los derechos humanos, en aquellos casos de fuerza mayor, donde se presente una alteración grave del orden público.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública fue propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo pasado.

El dictamen contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. En el caso de Morena, sus legisladores votaron en contra.