Niña salvadoreña en albergue era utilizada por el DIF para extorsionar a su madre en los Estados Unidos
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Uno de los dos implicados en la extorsión, adscritos a Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sigue demanera activa en su puesto
Una madre salvadoreña, que logró cruzar a los Estados Unidos, dejando a su hija en manos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) denunció ser víctima de extorsión por parte de este sistema, que le exigió una gran suma de dinero para no deportar a su hija de regreso a El Salvador.
El DIF solicitó de manera “urgente” la cantidad de tres mil dólares a la madre salvadoreña para que pudiera ampararse y detener la deportación de su hija de 12 años, que se encontraba en custodia de un albergue de la Ciudad de México.
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Este suceso quedó registrado en llamadas telefónicas grabadas e informes internos de la institución que mantiene, hasta la fecha, a la menor en un albergue al sur de la ciudad. La extorsión fue realizada por dos funcionarios, quienes eran los que “solicitaban” el pago.
PESE A DENUNCIA, DIRECTOR SIGUE ACTIVO
Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, servidor público adscrito a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), ya fue separado de su cargo como subdirector de Medidas de Protección y denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quienes ya abrieron una carpeta de investigación en su contra.
Sin embargo, a más de un mes de que fue interpuesta la denuncia, el director de Medidas de Protección, Jorge Fernando Salcedo Flores, quien fungía como su jefe directo y presunto cómplice, no ha sido incluido en este procedimiento, por lo que se mantiene en su despacho activo.
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EMPLEADOS DENUNCIAN HECHOS Y TEMEN PERDER SU TRABAJO
En una misiva anónima, para resguardar la integridad laboral de los denunciantes, que circula entre el personal de la institución, se afirma que “Están utilizando a la institución DIF nacional para cometer actos de extorsión a personas en situación de vulnerabilidad, contraviniendo la naturaleza de esta noble institución”.
El texto está dirigido a la titular del organismo, Nuria Fernández Espresate, quien recibió esta carta el 7 de agosto, como lo indica el sello que se encuentra en ella. También se señala a Dulce María Mejía Cortés, directora general de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, de haberle ocultado información con la intención de proteger a Salcedo Flores.
ASÍ FUE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA MADRE Y EL DIF
De acuerdo a información rescatada de la página a de la Consultoría Jurídica CJ Arroyo Sánchez, Abogados, por MILENIO, el 14 de julio, a las 15:14, la madre se comunicó al PFPNNA para pedir desesperadamente ayuda, porque la institución no le informaba si su hija podría reunirse con ella en los Estados Unidos, o sería enviada de regreso a El Salvador, donde se haría cargo su abuela materna, de acuerdo a una “constancia de llamada telefónica”.
En la constancia se relata que el licenciado Leonardo Arroyo, le habría solicitado tres mil dólares para enviarle a su hija, “que llevarían a cabo lo de un amparo”. Arroyo, le proporcionó a la migrante un número de cuenta a su nombre, así como el nombre del licenciado Benjamín Sánchez, con quien supuestamente trabajaría.
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Hubo más intercambios de mensajes entre Arroyo y la madre, pero fue el 5 de julio, cuando le explico que con el amparo “detenemos la deportación y podemos hacer que estudien su caso para ver si hay opción de que sea reunida con usted. Pero sí es importante llevar a cabo las acciones urgentes”. El 3 de julio, insistió nuevamente, asegurando que “colegas en Estados Unidos nos comentaron sobre el caso de su hija, le podríamos ayudar”.
Una vez que la madre le dijo que no realizaría el depósito y prefería que su hija regresara a su país de origen con su abuela. Cuando Salcedo Flores, con quien también mantenía comunicación, se enteró sobre esto, le dijo molesto que regresaría a su hija sin informarle cuándo ni cómo lo haría.
La madre migrante dejó de responder llamadas y mensajes de los reporteros, después de conocer cómo está “afectando” la denuncia al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
