Ordenan reactivar proceso contra Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

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Se acusa al exdirector de Pemex por operaciones con recursos de procedencia ilícita por compra irregular de planta en Veracruz

A dos semanas de que su hermana Gilda Susana fuera vinculada a proceso debido al mismo asunto, un tribunal federal ordenó que se reactive el proceso penal contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en el cual se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, que le negó el amparo y la protección de la justicia con el fin de congelar el asunto.

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El órgano colegiado aprobó por unanimidad el proyecto de la magistrada Lorena Oliva Becerra, el cual determinó que el exfuncionario no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, con Petróleos Mexicanos y que extinguió la acción penal en su contra por presuntos sobornos a Lozoya Austin, derivado de la venta a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados a Pemex.

En su proyecto, la magistrada citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que al celebrar el acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el empresario optó por la mancomunidad y no por la solidaridad de la obligación, por ello, el extitular de Pemex no puede verse beneficiado con la suspensión del proceso.

“Lo anterior permite concluir que, en el caso concreto, es posible dividir el objeto de la obligación y, en consecuencia, que en mancomunidad cada deudor pueda cubrir una parte de la deuda derivada de la reparación del daño que, no obstante, sigue siendo común”.

Caba recordar que el entonces juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, al considerar que la reparación del daño firmada por el empresario Alonso Ancira le beneficiaba.

Al respecto, el pasado 10 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el acuerdo reparatorio celebrado con el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, derivado de la investigación relacionada con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex, tuvo como objetivo reparar el daño económico ocasionado por la adquisición de dicha planta, la cual fue comprada por Pemex con un sobreprecio determinado mediante un dictamen contable.

Recordó que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que una valuación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) estableció que una planta nueva tiene un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Como resultado, se determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño.

Indicó que, a solicitud del propio empresario, se propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, ofreciéndose además como garantía el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, así como cuatro hornos y tres inmuebles más para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo que, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la celebración de este acuerdo el 9 de febrero de 2021 y, posteriormente, el 19 de abril del mismo año, fue aprobado por un juez de control.

Según la FGR, el convenio estableció que el pago por reparación del daño se realizaría en tres parcialidades. La primera fue, por 50 millones con 40 dólares, cubierta el 30 de noviembre de 2021. La segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares y se pagó el 30 de noviembre de 2022. Con ello, se cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República afirmó que el tercer y último pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, no fue cubierto.

Ante este incumplimiento, la FGR solicitó al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal contra Ancira Elizondo.

A su vez, el empresario Alonso Ancira manifestó que no pudo realizar el pago debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga.

Ante ello, el Consejo de Administración de Pemex consideró viable otorgar una ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, decisión que posteriormente fue autorizada por el juez de control el 10 de enero de 2024. En consecuencia, el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para reflejar esta nueva fecha de vencimiento.

No obstante, el 12 de junio de 2024, el juez de control determinó reservar la aprobación definitiva de dicho convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya Austin.

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