PJF prevé ahorrar 533.5 mdp en 2026 con plan de austeridad publicado en el DOF
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El acuerdo fija metas de ahorro por órgano y endurece reglas para compras, vehículos, honorarios y uso de herramientas digitales
CDMX.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) prevé ahorrar en 2026 un total de 533 millones 593 mil 786 pesos mediante medidas de austeridad y reordenamiento administrativo que aplicarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
El objetivo quedó establecido en el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, publicado este viernes por el OAJ en el Diario Oficial de la Federación, que plantea como ejes la reducción de 10% en estructuras orgánicas, el control de plazas vacantes y la limitación de remuneraciones para que no superen el salario del Ejecutivo federal.
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El documento detalla el reparto de la meta de ahorro: 293 millones 18 mil 333 pesos corresponderán al OAJ; 185 millones 658 mil pesos al TDJ; 41 millones 669 mil 947 pesos a la SCJN, y 13 millones 247 mil 506 pesos al TEPJF.
En materia de capital humano, se ordena una reducción de 10% del costo total anual de la nómina en estructuras autorizadas al 1 de enero de 2026 para áreas administrativas definidas, así como la eliminación de plazas de apoyo, como secretarías particulares, privadas y de funcionarios superiores, además de conductores.
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El acuerdo señala que las vacantes deberán permanecer sin ocuparse al menos 30 días y, si rebasan cuatro meses, quedarán a disposición del órgano administrador. También fija límites para contratos por honorarios, que no podrán exceder tres meses, con un máximo acumulado de seis meses al año, y establece la prohibición de becas externas fuera de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
En el rubro operativo, se instruye priorizar compras consolidadas, austeridad en viáticos y el uso de tecnologías de la información, con medidas como digitalización mediante firmas electrónicas y un uso preferente de videoconferencias, además de ajustes para disminuir gastos y el impacto ambiental.
En gastos y adquisiciones, se prohíbe comprar o arrendar vehículos con valor superior a 4 mil 343 UMA, equivalentes a 509 mil 477 pesos, aunque se prevé la posibilidad de excepciones mediante justificación de la unidad ejecutora y revisión de la Contraloría de Administración Judicial. Asimismo, se establece que las unidades ejecutoras deberán reducir 50% el gasto en viáticos, pasajes administrativos y difusión institucional respecto de 2025, y se contempla que el personal cubra una parte del costo del comedor, además de reglas adicionales para conversiones de plazas y topes de remuneraciones. Con información de La Jornada
