Preparan acciones judiciales contra 32 exfuncionarios que trabajaron con Alito por presunto desvío de 270 millones de pesos
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Las pesquisas comenzaron a partir de denuncias presentadas por órganos fiscalizadores
La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) alista la presentación ante jueces de control de 32 exservidores públicos que ocuparon cargos durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, entre 2015 y 2019. Las investigaciones apuntan a un presunto esquema de desvío de más de 270 millones de pesos mediante empresas factureras.
De acuerdo con fuentes vinculadas con las investigaciones, las carpetas incluyen a antiguos responsables de secretarías y organismos estatales. Las pesquisas comenzaron a partir de denuncias presentadas por órganos fiscalizadores y se concentran en operaciones realizadas durante varios años.
La fiscalía detectó que recursos públicos habrían sido canalizados mediante compañías que, según las indagatorias, funcionaban como empresas fantasma. Algunas tenían registros fiscales en Campeche y otras en la Ciudad de México. El mecanismo habría involucrado a por lo menos 12 dependencias estatales.
Entre las instituciones donde se documentaron posibles irregularidades figuran las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo, Educación y Obras Públicas, además de la Unidad de Comunicación Social y la Fiscalía General del Estado.
DIECISIETE DETENIDOS Y UN ACUSADO PERMANECE EN PRISIÓN
Las investigaciones ya han derivado en la detención de 17 personas relacionadas con el gobierno de Moreno Cárdenas, además de un empresario señalado por recibir recursos de manera irregular provenientes del fideicomiso del impuesto de 2 por ciento sobre nómina.
Todos fueron vinculados a proceso. Sin embargo, 16 continúan sus procedimientos en libertad, mientras que únicamente uno permanece recluido en el penal de San Francisco Kobén.
Entre los primeros casos estuvo el del exsecretario de Pesca Raúl UH, detenido en 2023 por un supuesto desvío de 5 millones de pesos. Tras permanecer varias semanas privado de la libertad, obtuvo su libertad bajo fianza.
También están sujetos a procesos José Domingo N, quien encabezó la Secretaría de Desarrollo Económico, y Pablo N, exdirector del Fideicomiso de 2 por ciento sobre Nómina. Ambos son señalados por un presunto daño de 25 millones de pesos.
En ese expediente también fue procesado el empresario Miguel ÁDQ, acusado de recibir recursos destinados a la construcción de una plaza comercial.
El empresario, propietario de la televisora Mayavisión, enfrenta además otra investigación relacionada con apoyos económicos millonarios que, según las autoridades, no habrían sido debidamente comprobados.
Otro expediente corresponde a Adlemi SR, exdirectora del Colegio de Bachilleres de Campeche, investigada por peculado y uso indebido de atribuciones por un monto superior a 3 millones de pesos.
INVESTIGACIONES ALCANZAN A MANDOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS
En Protección Civil, el exdirector Édgar N y el trabajador Mario N evitaron la detención después de reintegrar 600 mil pesos, de acuerdo con las investigaciones.
En la Secretaría de Seguridad Pública, cuatro exfuncionarios fueron vinculados por un presunto desvío de 30 millones de pesos. Entre ellos se encuentran el exsecretario Jorge AU, el exsubsecretario en Ciudad del Carmen Julio LC, el exdirector de la Policía Estatal Samuel S y la exdirectora administrativa Karla N.
Por su parte, Álvaro B, quien estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas, fue detenido y posteriormente obtuvo su libertad mediante fianza.
El expediente está relacionado con un supuesto desvío de un millón 700 mil pesos durante la construcción del inmueble conocido como Ciudad Administrativa.
Las investigaciones también alcanzaron a exresponsables de Comunicación Social y del organismo estatal encargado del agua potable. Walter OV, exdirector de Comunicación Social, fue detenido por un presunto quebranto de 16 millones de pesos.
En otro expediente por una cantidad similar fueron señalados Sergio BC, exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y Antonio AO, quien se desempeñaba como director administrativo.
UN CONTADOR DE LA FAMILIA MORENO, EL ÚNICO ENCARCELADO
Uno de los expedientes de mayor cuantía involucra a Ernesto EC, quien anteriormente se desempeñó como contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno.
El exfuncionario fue detenido recientemente y posteriormente vinculado a proceso por un supuesto peculado de 36 millones de pesos. Permanece recluido en el penal de San Francisco Kobén y es, hasta ahora, el único de los acusados que continúa en prisión.
Otro caso corresponde a Carlos Alberto MH, quien ocupó la dirección de Comunicación Social durante la última etapa de la administración de Moreno Cárdenas. Fue detenido el 11 de agosto y, 11 días después, quedó vinculado a proceso por un presunto desvío de 36 millones de pesos. Posteriormente obtuvo su libertad tras cubrir una fianza de 200 mil pesos.
OPOSICIÓN PIDE INVESTIGAR A EXSECRETARIA DE FINANZAS
Los señalamientos también han generado reclamos políticos contra América Azar Pérez, quien estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Moreno Cárdenas.
Partidos de oposición solicitaron a la gobernadora Layda Sansores que se investigue a la exfuncionaria, al considerar relevante su participación en la autorización y firma de cheques relacionados con los recursos presuntamente desviados.
MORENO LLEVA SUS ACUSACIONES ANTE LA ONU
Mientras las autoridades de Campeche avanzan con las investigaciones contra excolaboradores de su administración, Alejandro Moreno Cárdenas informó que viajó nuevamente a Estados Unidos.
El dirigente priísta aseguró que acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde presentó una denuncia por lo que calificó como una situación grave en México y por supuestas violaciones cometidas por el gobierno federal.
Moreno también afirmó que se han difundido listas en las que aparecen periodistas y ciudadanos señalados, en un nuevo episodio de sus críticas contra las autoridades federales.