Presenta Luisa María Alcalde iniciativa para investigar vínculos de candidatos con el crimen organizado
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Luisa María Alcalde, presentó los alcances del proyecto, que contempla la creación de una nueva instancia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE)
El gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la intención de establecer un mecanismo de evaluación preventiva sobre los perfiles de personas que aspiren a contender por un cargo de elección popular.
La propuesta surge en medio de preocupaciones por presuntos casos de infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y estructuras políticas del país.
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los alcances del proyecto, que contempla la creación de una nueva instancia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), denominada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
El objetivo central será revisar posibles antecedentes o indicios de riesgo relacionados con delincuencia organizada entre quienes busquen convertirse en candidatos.
Según explicó la funcionaria, el modelo operaría mediante un esquema de colaboración interinstitucional. Los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria al INE listados de aspirantes para someterlos a un proceso de revisión.
A partir de ello, la comisión solicitaría información a dependencias estratégicas del gobierno federal, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El procedimiento no implicaría una acusación formal ni la apertura automática de investigaciones penales contra los aspirantes.
De acuerdo con Alcalde, las instituciones participantes únicamente analizarían antecedentes, patrones financieros, reportes de inteligencia o posibles alertas para identificar “focos rojos” y determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con grupos criminales.
Uno de los elementos centrales de la iniciativa es que las dependencias no revelarían detalles específicos de las indagatorias ni el origen de la información.
En cambio, comunicarían a la comisión electoral únicamente si existe o no un nivel de riesgo.
Posteriormente, el INE trasladaría ese resultado a los partidos políticos, indicando qué instituciones detectaron señales de alerta, aunque sin transparentar el contenido de los expedientes o elementos de inteligencia.
La responsabilidad final recaería en los institutos políticos. Es decir, aun cuando existiera una advertencia por parte de las autoridades, cada partido sería quien decidiría si mantiene o cancela el registro de una candidatura.
La intención, según el gobierno, es evitar que perfiles posiblemente ligados a actividades ilícitas logren acceder a posiciones de poder mediante cargos públicos.
Alcalde insistió en que la propuesta no pretende sustituir los procesos judiciales ni convertir las revisiones en sentencias anticipadas.
Señaló que, en muchos casos, las corporaciones de seguridad poseen información preliminar o indicios relevantes que no necesariamente alcanzan el nivel probatorio requerido para judicializar un caso o abrir una carpeta de investigación formal.
Bajo esa lógica, el sistema serviría como un mecanismo preventivo más que punitivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma y sostuvo que el planteamiento responde a experiencias recientes donde autoridades locales han sido señaladas o detenidas por presuntos nexos con el narcotráfico.
Mencionó casos de alcaldes en diferentes entidades del país, incluidos municipios de Morelos, el Estado de México y el caso de Teuchitlán, como ejemplos de situaciones que han encendido alertas dentro de las instituciones.
Aunque Sheinbaum subrayó que no se trata de una práctica generalizada, reconoció que existen episodios aislados que justifican la creación de un filtro adicional antes de que los partidos definan a sus candidatos para los comicios de 2027, en los que estarán en juego gubernaturas, congresos locales, alcaldías y espacios legislativos federales.
La mandataria remarcó que el mecanismo sería opcional para los partidos y que la decisión de postular a una persona continuará siendo una atribución partidista.
No obstante, indicó que cuando las instituciones detecten información sólida o elementos suficientes, deberán dar vista a la Fiscalía General de la República para el inicio de investigaciones correspondientes.
La propuesta podría abrir un debate político y jurídico sobre los límites entre prevención electoral, presunción de inocencia y protección de datos personales, particularmente porque contempla decisiones basadas en criterios de inteligencia y evaluaciones de riesgo, sin que necesariamente exista una acusación judicial en curso.
También se anticipa discusión sobre el alcance de las facultades del INE y el nivel de intervención del Estado en la selección interna de candidaturas partidistas.
De aprobarse en el Congreso, el nuevo mecanismo podría comenzar a perfilarse antes del proceso electoral de 2027, considerado uno de los más relevantes del sexenio por la renovación simultánea de múltiples cargos de representación popular en el país.
