Presenta Sheinbaum decreto para que la información gubernamental sea más transparente y accesible a su consulta

Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental y garantizar un mayor acceso de la ciudadanía a la información pública. La medida busca impedir que la clasificación o reserva de documentos quede al criterio de los funcionarios, particularmente en temas relacionados con seguridad nacional o asuntos sujetos a procesos judiciales o administrativos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció además que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia, con el propósito de incorporar de manera permanente las disposiciones contenidas en el decreto.

”En la ley actual está establecido que los funcionarios pueden determinar qué se hace público o no, dependiendo de los temas de seguridad nacional o que estén en un procedimiento judicial o administrativo. Ya no queda a criterio de un funcionario, del secretario o del director de área de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó Sheinbaum.

Fortalecer el principio de máxima publicidad

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto tiene como objetivo reforzar el principio constitucional de máxima publicidad, el cual establece que toda la información en poder del Estado debe ser pública, salvo las excepciones previstas expresamente por la ley.

Según detalló, la intención es que las dependencias federales publiquen información gubernamental “más allá de las obligaciones legales”, ampliando la cantidad de datos disponibles para consulta ciudadana y facilitando el acceso a documentos de interés público.

El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece nuevas obligaciones de transparencia para la Administración Pública Federal.

Cuatro ejes principales

Buenrostro explicó que las nuevas disposiciones se concentran en cuatro áreas prioritarias:

Contrataciones públicas, con una mayor difusión de contratos, convenios y adquisiciones.Filiales de Pemex y la CFE, que deberán transparentar información sobre sus operaciones y contratos.Fiscalizaciones y auditorías, mediante una mayor publicación de resultados y procesos de revisión.Invitación a estados, municipios y otros poderes públicos para adoptar la política de máxima publicidad y homologar criterios de transparencia.Contratos se publicarán mensualmente

Uno de los cambios más relevantes consiste en que los contratos celebrados por las dependencias federales, incluidos los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberán publicarse cada mes, en lugar de hacerlo de manera trimestral como ocurre actualmente.

La medida pretende ofrecer información más oportuna sobre el ejercicio del gasto público, facilitar el seguimiento ciudadano y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Se reducen las reservas de información

Otro de los puntos centrales del decreto es la simplificación de los supuestos bajo los cuales la información puede mantenerse reservada.

De acuerdo con la secretaria de Anticorrupción, las actuales 173 causales de reserva serán reducidas para concentrarse únicamente en dos categorías:

Información cuya difusión represente un riesgo para la seguridad nacional.Información relacionada con procedimientos judiciales o administrativos en curso.

No obstante, incluso en estos casos las dependencias estarán obligadas a elaborar y publicar versiones públicas de los documentos, eliminando únicamente los datos cuya divulgación pueda afectar los procedimientos o comprometer la seguridad nacional.

Reforma legal para consolidar los cambios

Sheinbaum señaló que el decreto representa una medida inmediata para ampliar la transparencia gubernamental, pero insistió en que será necesario modificar la legislación vigente para garantizar que estas disposiciones tengan carácter permanente.

Por ello, adelantó que presentará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia durante el próximo periodo de sesiones, con el fin de eliminar la discrecionalidad en la clasificación de información y establecer reglas uniformes para todas las dependencias federales.

La propuesta forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la rendición de cuentas, ampliar el acceso ciudadano a la información pública y consolidar una política de apertura gubernamental basada en el principio de máxima publicidad.