PT busca ‘blindar’ Pensión Mujeres Bienestar 60-64 en la Constitución para que no se cancele
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Busca que se deje de depender de decisiones presupuestales y se convierta en una obligación del Estado, con candados para su continuidad ante cambios de gobierno
CDMX.- Para evitar que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años dependa de decisiones de futuras administraciones, la senadora Yeidckol Polevnsky propuso elevar este programa a rango constitucional mediante una reforma al artículo 4 de la Constitución.
“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, afirmó la legisladora.
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A nombre propio y de las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez, así como del senador Alberto Anaya Gutiérrez, Polevnsky explicó que la iniciativa busca garantizar que la pensión que actualmente otorga el Estado sea un derecho para mujeres de 60 a 64 años.
La senadora sostuvo que en ese rango de edad muchas mujeres enfrentan vulnerabilidad económica y social, al no participar en el mercado laboral formal y aún no acceder a la pensión universal para personas adultas mayores, lo que, dijo, las coloca en un periodo de transición con incertidumbre económica, dependencia y riesgo de pobreza.
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En ese contexto, afirmó que, de acuerdo con datos del Coneval, más de 60% de las mujeres mayores no cuenta con una pensión contributiva, lo que, señaló, evidencia una desigualdad estructural persistente. “Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social”, puntualizó.
Polevnsky señaló que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un apoyo económico para ese grupo de edad, su carácter programático lo deja expuesto a decisiones presupuestales, cambios administrativos o reorientaciones de política pública. “La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad”, subrayó.
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La propuesta, indicó, busca reconocer a nivel constitucional el derecho de las mujeres de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva, con principios de permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad, además de blindar el apoyo ante eventuales recortes o cambios de administración.
La senadora añadió que el objetivo es que el apoyo deje de ser un programa sujeto a discrecionalidad y se consolide como un derecho social, orientado a reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado. “Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo”, concluyó.
