¿Qué dependencias absorberán las funciones de órganos autónomos (como el INAI, IFT y Coneval) si estos desaparecen?

CDMX.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto con el que se eliminan siete organismos autónomos.

Esta propuesta es una iniciativa que forma parte del paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero al Congreso.

La iniciativa consiste en que las atribuciones que tienen estos organismos sean absorbidas por la secretaría de estado.

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El dictamen busca la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El Gobierno Federal argumenta que el propósito del proyecto es eliminar la “duplicidad de funciones” que se genera con la existencia de estos organismos y con ello evitar “gastos innecesarios”.

Los legisladores tuvieron un debate de casi seis horas, en los que la oposición rechazó la propuesta señalando que Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación buscan eliminar los contrapesos y los organismo que representan una herramienta para la transparencia.

Después de su aprobación, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara, en la próxima Legislatura, para ser llevado después al pleno.

El proyecto plantea la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), organismo que se encarga de promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, y sus funciones, se prevé serán absorbidas por la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tomaría las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se encarga de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Uno de los organismo que más peso tienen es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual garantiza el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Las funciones del INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial; en cuanto a la responsabilidad de la transparencia de los partidos políticos, esta quedará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público que genera información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, pasará sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría de Energía (SE) absorberá dos organismo autónomos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual se encarga de coordinar y supervisar todas las actividades relativas al transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P., según su sitio web; y la SE también se encargará de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) es un organismo que busca evaluar y mejorar la calidad del sistema educativo del país y sus funciones pasarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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De acuerdo con el Gobierno Federal esta “simplificación orgánica” reduciría los gastos innecesarios, ya que de 2018 a 2024 se asignaron más de 32 mil millones de pesos a estos organismos.

Los legisladores de Morena y sus aliados defienden que este dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución “reintegra una buena parte de competencias administrativas que, de origen, han sido del Ejecutivo, a diferentes dependencias”.

Asimismo, señalan que esta reforma podría liberar recursos que podrían usarse de manera más eficiente en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores o becas educativas.