Relator de la ONU cuestiona ataques de EU contra lanchas y menciona posibles acciones encubiertas en México
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Ben Saul cuestionó ataques de EU contra embarcaciones y mencionó reportes no confirmados de posibles acciones encubiertas y vuelos de drones en México
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, sostuvo que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que existen “motivos razonables” para considerar que los hechos documentados durante el último año podrían configurar el crimen de lesa humanidad de asesinato.
En el mismo documento, el experto hizo referencia a México por reportes no confirmados de posibles acciones encubiertas y vuelos de vigilancia con drones extranjeros en territorio nacional.
La nota informativa, publicada en septiembre de 2026, analiza la campaña militar estadounidense iniciada en septiembre de 2025 contra embarcaciones que Washington señala como vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con el documento de Saul, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron atacadas 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de los Estados y murieron al menos 223 personas.
El pronunciamiento corresponde a un relator especial, un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo que sus conclusiones no constituyen una sentencia judicial ni una determinación de responsabilidad penal. Saul sostiene en el documento que los ataques deben analizarse a partir del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho del mar, las normas sobre conflictos armados y las disposiciones internacionales relacionadas con el combate al narcotráfico y al terrorismo.
RELATOR CUESTIONA LA JUSTIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS
El documento señala que el Gobierno estadounidense ha justificado las operaciones bajo argumentos de legítima defensa y como parte de un supuesto conflicto armado contra organizaciones consideradas terroristas conforme a la legislación de Estados Unidos.
Saul cuestiona ambas justificaciones. En su análisis sostiene que el tráfico de drogas no constituye por sí mismo un “ataque armado” que permita activar el derecho de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
El relator también plantea que, aun cuando las personas que viajaban en las embarcaciones fueran integrantes de organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos, ello no demostraría por sí mismo la existencia de un ataque armado contra ese país. Según el documento, las muertes relacionadas con el tráfico de drogas no pueden equipararse jurídicamente con una agresión militar.
Los expertos de Naciones Unidas ya habían cuestionado la base jurídica de estas operaciones. En un pronunciamiento publicado el 1 de septiembre, señalaron que desde el 2 de septiembre de 2025 Estados Unidos había atacado al menos 68 embarcaciones en aguas internacionales, con al menos 223 personas muertas, y sostuvieron que el narcotráfico debía ser atendido mediante mecanismos de aplicación de la ley y no mediante ejecuciones sumarias.
SAUL CONSIDERA QUE HABÍA ALTERNATIVAS A LOS ATAQUES
Entre los argumentos expuestos, el relator señala que las operaciones tampoco cumplirían con los criterios de necesidad y proporcionalidad. El documento menciona como alternativa la interceptación marítima de las embarcaciones, además de mecanismos de cooperación policial, judicial y de seguridad fronteriza.
La nota señala que Estados Unidos cuenta con capacidad para interceptar embarcaciones y que, de acuerdo con el análisis citado por Saul, incluso funcionarios estadounidenses han reconocido que esta opción es viable.
Por ello, el relator sostiene que el uso de fuerza letal contra las personas a bordo de las embarcaciones no estaría justificado cuando existen otros mecanismos para impedir el traslado de drogas y detener a los presuntos responsables.
¿QUÉ MENCIONA EL INFORME SOBRE MÉXICO?
Uno de los apartados del documento aborda las amenazas de utilización ilegal de la fuerza contra otros Estados. Saul señala que desde 2025 el presidente de Estados Unidos ha planteado en distintas ocasiones la posibilidad de utilizar la fuerza contra cárteles de la droga en otros países del continente, entre ellos México y Colombia.
El relator recuerda que el artículo 2, apartado 4, de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario prohíben la amenaza o el uso ilegal de la fuerza contra otros Estados. También señala que las operaciones militares en territorio extranjero requieren una justificación jurídica conforme al derecho internacional y, en determinados supuestos, el consentimiento del Estado afectado.
En el caso mexicano, el documento refiere que existen “informes no confirmados” sobre posibles acciones encubiertas de fuerzas extranjeras, incluidos presuntos asesinatos selectivos contra líderes de cárteles. Saul aclara que esos reportes no están confirmados.
El texto también menciona reportes sobre presuntos vuelos encubiertos de vigilancia mediante drones extranjeros en territorio mexicano. El relator señala que este tipo de actividades podría plantear cuestiones relacionadas con la soberanía mexicana si se realizan sin el consentimiento del Estado.
Estas referencias son presentadas en el documento como reportes no confirmados y no como hechos acreditados. El texto no atribuye públicamente esas acciones a una autoridad estadounidense específica.
MÉXICO HA RECHAZADO OPERACIONES MILITARES DE ESTADOS UNIDOS
En otro apartado dedicado a la cooperación bilateral en materia de seguridad, el documento señala que México ha rechazado solicitudes para permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio.
El relator contrasta esta posición con otros países de la región. De acuerdo con su nota, Guatemala solicitó en mayo de 2026 apoyo militar de Estados Unidos para operaciones contra grupos dedicados al narcotráfico, mientras que Colombia manifestó su disposición a cooperar militarmente con Washington contra organizaciones criminales. El documento también menciona el interés estadounidense en cooperar con Honduras.
Según el análisis, la mayoría de los países de la región no han autorizado operaciones cinéticas de fuerzas extranjeras, entre otras razones por preocupaciones relacionadas con la oposición pública y el antecedente histórico de intervenciones extranjeras en América Latina.
El documento también hace referencia a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, dentro de la cual se ha incrementado la cooperación militar contra organizaciones criminales en distintos países del continente.
68 ATAQUES Y AL MENOS 223 PERSONAS MUERTAS
La cifra central del documento corresponde a 68 ataques registrados desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026. De acuerdo con el relator, las operaciones ocurrieron en el mar Caribe y el océano Pacífico, fuera de las aguas territoriales de los Estados.
Saul sostiene que las acciones estadounidenses representan una nueva modalidad respecto de las operaciones tradicionales de intercepción marítima y aplicación de la ley contra el narcotráfico.
El documento también menciona otros incidentes en los que embarcaciones fueron presuntamente atacadas y hundidas sin que se conociera públicamente la identidad de los responsables. Entre ellos cita los casos de los barcos pesqueros ecuatorianos “Fiorella”, “Negra Francisca Duarte II” y “Don Maca”.
Sobre el “Fiorella”, el documento señala que ocho de sus diez tripulantes desaparecieron después del incidente ocurrido en enero de 2026 y que el caso fue llevado ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. También refiere reportes según los cuales tripulantes de las otras dos embarcaciones habrían sido detenidos y posteriormente trasladados a El Salvador antes de regresar a Ecuador.
El texto menciona además que un fiscal ecuatoriano que investigaba la desaparición de los tres barcos habría sido asesinado el 14 de junio de 2026 por un agresor desconocido.
EL DOCUMENTO HABLA DE POSIBLES CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
A partir de su análisis jurídico, Saul sostiene que los ataques documentados constituyen “ejecuciones extrajudiciales en serie” y violan el derecho a la vida, al considerar que no están justificados por la legítima defensa, el derecho internacional humanitario, el derecho del mar, las convenciones contra el tráfico de estupefacientes ni las normas internacionales contra el terrorismo.
El relator va más allá y señala que existen “motivos razonables” para considerar que los 68 ataques que dejaron 223 personas muertas podrían constituir el crimen de lesa humanidad de asesinato conforme al derecho internacional consuetudinario.
Esta conclusión corresponde al análisis jurídico del relator especial y no equivale a una resolución de un tribunal internacional. La determinación de responsabilidades penales por crímenes de lesa humanidad correspondería a las autoridades judiciales competentes.
ESTADOS UNIDOS SOSTIENE QUE COMBATE AL “NARCOTERRORISMO”
El documento recoge la posición del Gobierno estadounidense, que ha argumentado que sus operaciones responden a la amenaza de organizaciones criminales designadas como terroristas y que las acciones militares forman parte de un conflicto armado.
Según el texto, el presidente estadounidense informó al Congreso que las operaciones se realizan bajo argumentos de legítima defensa propia y de terceros frente a organizaciones terroristas designadas.
La administración también ha sostenido que los grupos vinculados con el narcotráfico representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En sus comunicados sobre las operaciones, el Comando Sur ha identificado a las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas como “narco-terroristas” y ha señalado que contaba con información de inteligencia sobre su presunta participación en actividades de narcotráfico.
El análisis de Saul cuestiona que el tráfico de drogas pueda ser considerado jurídicamente un ataque armado y sostiene que la respuesta militar debe diferenciarse de las acciones de aplicación de la ley.
EL DEBATE SOBRE LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD
La nota informativa también analiza el aumento de la cooperación militar contra organizaciones criminales en América Latina y las implicaciones que esta tendencia puede tener para el derecho internacional.
En el caso de México, el documento destaca que el país no ha autorizado operaciones militares estadounidenses en su territorio, mientras que sí existe cooperación bilateral en materia de seguridad e intercambio de información.
El análisis de Saul plantea que los Estados deben adoptar medidas para combatir el narcotráfico y la violencia asociada con el crimen organizado, pero sostiene que esas acciones deben realizarse respetando el derecho internacional de los derechos humanos.
La publicación se suma a pronunciamientos previos de expertos de Naciones Unidas que han cuestionado la legalidad de los ataques estadounidenses contra embarcaciones. En septiembre, expertos de la organización señalaron que la fuerza letal sólo puede utilizarse en el mar bajo circunstancias estrictamente necesarias y proporcionales para responder a una amenaza inminente contra la vida.
El documento de Ben Saul plantea así un cuestionamiento jurídico a la estrategia estadounidense contra el llamado “narcoterrorismo” y, al mismo tiempo, incorpora referencias a México por reportes que el propio relator identifica como no confirmados sobre posibles operaciones encubiertas y vuelos de drones extranjeros en territorio nacional.
