SCJN determina alcances de la ley de mecanismos alternativos para resolver conflictos comunitarios
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Al resolver un amparo, la Corte determinó que la ley general fija bases comunes y permite adaptar mecanismos de mediación a cada comunidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión no está obligado a establecer una regulación diferenciada para cada tipo de conflicto comunitario en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Al resolver el amparo en revisión 452/2025, durante la sesión del Pleno del 27 de octubre de 2026, el Alto Tribunal explicó que la Constitución faculta al Congreso para establecer los principios y las bases generales en esta materia, sin exigir que la legislación incluya apartados específicos para los conflictos indígenas, afromexicanos, escolares, vecinales y comunitarios.
SCJN ANALIZA REGULACIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS
El caso derivó de un juicio de amparo promovido por una asociación civil contra la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La organización argumentó que el Congreso debía establecer bases específicas para atender distintos conflictos comunitarios mediante procedimientos alternativos.
Además, solicitó que su propio juicio de amparo se resolviera mediante uno de estos mecanismos. Sin embargo, una jueza federal rechazó la petición y negó el amparo, por lo que el asunto llegó a la Suprema Corte.
Al estudiar el caso, el Pleno reconoció que herramientas como la mediación y la conciliación forman parte del derecho de acceso a la justicia, al permitir que las personas busquen soluciones pacíficas, voluntarias y colaborativas a sus controversias.
No obstante, determinó que el mandato constitucional de expedir una ley general no implica la obligación de crear una regulación exclusiva para cada ámbito de conflicto.
LA LEY PERMITE ATENDER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS COMUNITARIAS
La SCJN señaló que las exposiciones de motivos y otros antecedentes legislativos ayudan a comprender los objetivos de una reforma, pero no generan por sí mismos obligaciones vinculantes sobre el contenido específico de las leyes.
También indicó que la legislación vigente contiene disposiciones para atender problemáticas comunitarias y reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la relevancia de las prácticas restaurativas en los entornos escolares y vecinales.
El Alto Tribunal precisó que la ley general establece bases comunes para todo el país, mientras que las autoridades competentes pueden desarrollar mecanismos adaptados a las condiciones culturales, sociales y territoriales de cada comunidad.
AMPARO NO PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE MEDIACIÓN O CONCILIACIÓN
En su resolución, el Pleno también confirmó que el juicio de amparo de origen no podía resolverse mediante mediación o conciliación.
La Corte explicó que determinar si existe una omisión legislativa inconstitucional es una atribución de los órganos jurisdiccionales competentes, por lo que esa decisión no puede quedar sujeta a un acuerdo entre las partes.
Con el amparo en revisión 452/2025, resuelto el 27 de octubre de 2026, la SCJN delimitó el alcance de la obligación legislativa en materia de mecanismos alternativos y reiteró que el análisis de posibles omisiones legislativas corresponde a los tribunales.
