Se ampara Lozoya contra pruebas de FGR y busca invalidar transferencias en bancos de Brasil

Los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ha interpuesto un amparo en contra de la decisión decisiones que interponga el juez para admitir algunas pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República (FGR), ante el juicio por el caso Odebrecht.

En lo particular, buscan impugnar lo decidido por el juez Gerardo Alarcón López al aceptar como medios de prueba las transferencias realizadas a través de instituciones bancarias de Brasil, parte del entramado de corrupción el cual se le acusa.

Mediante la demanda, combate que estas pruebas hayan sido obtenidos a través del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua entre México y Brasil, al argumentar que su admisión implica una violación a su derecho a la vida privada y al artículo 20 de la Constitución Mexicana.

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El acuerdo binacional es parte fundamental para conocer las declaraciones y pruebas aportadas por los representantes de Odebrecht, respecto a los sobornos que recibió el exfuncionario entre 2012 y 2015.

Por lo que prevén que, al no admitirse como prueba, se revoque la apertura del juicio oral dictado por Alarcón López, esto durante la audiencia intermedia realizada el pasado 13 de marzo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, como parte del caso Odebrecht, en la cual está imputado los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

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El acuerdo judicial emitido por el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, donde se desechó la solicitud de amparo, fue dada a conocer un día después de que el Gobierno Federal modificará su postura de no negociar la reparación del daño y el otorgamiento de un criterio de oportunidad para Lozoya Austin, seguido por dos procesos penales en lo que se acusa operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Durante el jueves, en una audiencia realizada en los juzgados federales del Reclusorio Norte, los representantes de la FGR, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex, aceptaron alcanzar un acuerdo reparatorio por un monto de 10.7 millones de dólares y otorgarle un criterio de oportunidades para retirarle los cargos a Lozoya Austin.