Segalmex, la Conasupo de la 4T, otorgó casi 800 mdp a red de empresas fantasma

Una red de seis empresas vinculadas entre sí, recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020, cuyos accionistas y operadores han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios del ISSSTE y la SEDATU.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 enre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos. Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares.

Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en La Operación Safiro y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía.

Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

Florencio Reséndiz Hernández está ligado a tres empresas de la red. Es representante de la asamblea de socios de Fruverloz y, a su vez, es accionista de Properloz y Professional Bright XRW.

Fruverloz y Professional Bright XRW son las compañías que según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación no entregaron a tiempo los bienes pactados y que a pesar de ello no fueron penalizadas por los funcionarios de Segalmex.

Además, según documentos del Registro Público del Comercio, Reséndiz Hernández es accionista de Consultoría Tiverane, la cual ya fue enlistada oficialmente por el SAT en febrero de 2019 como una compañía que factura operaciones simuladas; es decir, se trata de una empresa “facturera” o “fantasma”.

La dirección que Reséndiz indicó como suya es una casa en una zona popular cerca de El Potrero en el Estado de México. En el frente del inmueble hay una tienda de abarrotes y la mujer que la atiende dijo que Reséndiz renta un cuarto en esa vivienda.

Su modesta forma de vida contrasta con las asignaciones por 668 millones de pesos que recibieron las empresas en las que figura como dueño o representante.

De esos 668 millones de pesos de contratos en Segalmex, 325 provienen de las dos compañías donde Reséndiz es accionista o dueño, y 342 de la compañía donde es representante de la asamblea de socios.

Un año antes de que los accionistas de Fruverloz ganaran un contrato por 342 millones de pesos con Segalmex para proveer costales de polipropileno, otra de sus empresas estaba participando en un desvío millonario.

En una auditoría de la Cuenta Pública 2018, la ASF reveló que la empresa Zagten Tecnología e Infraestructuras (entonces propiedad de los socios de Fruverloz), participó en un esquema de subcontratación ilegal en la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles.

Zagten recibió 5 millones de pesos de la empresa Integraciones Profesionales que, a su vez, había sido contratada por la SEDATU para el mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones de la Secretaría.

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Ambos socios transmitieron sus acciones en la empresa Zagten un año después de recibir la transferencia por 5 millones de pesos como subcontratistas en SEDATU.

Los reporteros pudieron conversar con Rodríguez Camacho, quien es dueño de una lavandería y vive en una modesta casa en una colonia popular en el municipio de Tlalnepantla, y dijo que efectivamente es accionista de la empresa Fruverloz y que es proveedor del gobierno.

Las irregularidades que rodean a estos contratos ya habían sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en una auditoría de cumplimiento de la Cuenta Pública 2019. En ella se revisaron los contratos A/001/2019 y A/011/2019, correspondientes a las empresas Fruverloz y Professional Bright XRW.

En el caso del contrato con Fruverloz, la ASF señaló que Segalmex realizó un convenio modificatorio para un incremento del 20% del monto contratado originalmente, lo que llevó a que el organismo pagara 27 millones de pesos más a la compañía.

Segalmex pagó por anticipado la totalidad de los 65 millones de costales de polipropileno pactados, aun cuando Fruverloz sólo entregó a tiempo 30.5 millones. El contrato estipulaba que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada.

Segalmex debió haber penalizado a la empresa por el retraso, pero no lo hizo.

Lo mismo ocurrió con el otro contrato. La ASF señaló que el organismo pagó por anticipado la totalidad de las 300 mil tarimas pactadas aun cuando Professional Bright XRW sólo entregó a tiempo 212 mil y el contrato estipulaba que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada.

Segalmex tampoco multó a Professional Bright XRW por el retraso.

Por realizar los pagos a estas dos empresas sin acreditar la recepción de los bienes, la ASF presume un daño a la Hacienda Pública por 249 millones de pesos.

Según los documentos emitidos por Segalmex para la justificación de la adjudicación directa de ambos contratos, el no realizar la adquisición tanto de las tarimas como de los costales “comprometería el acopio, envase y distribución de los granos de temporada, poniendo en riesgo la cosecha para el ciclo agrícola del frijol y el maíz y causaría pérdidas por 18 mil millones de pesos”.

De acuerdo con la cláusula segunda de los contratos, el funcionario encargado de administrar y vigilar el cumplimiento de los pedidos era Miguel Carrillo Villareal, actual director del programa Precios de Garantía.