Senadores de oposición impugnarán reformas avaladas por Morena
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Presentarán recursos contra las 20 leyes aprobadas en una sede alterna
CDMX.- Senadores de los grupos parlamentarios de oposición informaron que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las reformas que avaló Morena en “fast track” la madrugada del sábado.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que la reforma con la que desaparecen el Conacyt fue avalada bajo un procedimiento “absolutamente irregular”.
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El priista mencionó durante instalación de la Comisión Permanente que para la discusión de este proyecto se tenía el acuerdo de convocar a un Parlamento Abierto antes de aprobar el dictamen.
Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementeria señaló que la sesión celebrada por Morena fue una noche negra para el país.
“En la Corte nos vamos a ver, porque hay cosas que no se pueden permitir, que se están documentando y en su momento tendremos que presentar”, mencionó el legislador.
A estas críticas se sumó el coordinador de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, quien adelantó que acudirán ante el máximo tribunal para interponer acciones de inconstitucionalidad.
“Esto dijo por el espectáculo bochornoso de la Cámara de Diputados, por este especié por el golpe al Senado por huir del recinto e irse a sesionar a otro recinto, violando todos los procedimientos, son materia suficiente para que la Corte invalide toda las vidas que se aprobaron ayer”, mencionó.
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Entre los dictámenes avalados se encuentra una reforma a la Ley de Salud que permite la extinción del Insabi para que el programa IMSS-Bienestar el sistema unificado en esta materia; ajustes a la Ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Inovación con la que desaparecen el Conacyt e integran un nuevo consejo.
También fue decretada la extinción de la Financiera Rural y se reformó la Constitución Política a fin de reducir la edad mínima para ocupar cargos de diputado (a 18 años) o secretario de Estado (a 25 años).