Sí a reforma de pensiones sin riesgo financiero ni populismo

El sistema de pensiones como lo conocemos hoy en día, vigente desde la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) en 1997, sustituyó al que había demostrado ser “una bomba de tiempo” para las finanzas del país por la endeble capacidad presupuestaria del Estado Mexicano para hacer frente al envejecimiento de la población y el consecuente incremento del pago de pensiones.

A partir de 1997, el sector privado administra los recursos de los pensionados posteriores a ese año mediante las Afores. Todo trabajador que se rige por esta ley, se le conoce como la Generación Afore (GA).

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A pesar de la relevancia de la reforma, la GA se ha caracterizado porque no cotizan de forma continua en el IMSS debido a que el mercado laboral mexicano tiene como sello la movilidad y la informalidad, lo que se ha convertido en una preocupación del gobierno, del Congreso y de los propios pensionados porque al alcanzar la edad de retiro, el dinero que hayan ahorrado no será suficiente para garantizarles una mejor vida durante esta etapa.

La última reforma que conocemos de la LSS en apoyo a la GA data del año 2020 y su objetivo fue aumentar el porcentaje de contribuciones obligatorias totales de empleadores y gobierno de 6.5% a 15%, además, se redujo el número de semanas de cotización necesario para la jubilación y la Pensión Mínima Garantizada (PG) de 1,250 a 750 semanas.

Por otro lado, la reforma dio paso a que las aportaciones patronales se incrementen de 5.15% a 13.87% de forma gradual de 2023 a 2030, mientras que se espera que la aportación del gobierno federal, que actualmente es de 0.225% del salario más la cuota social, se modifique también.

De acuerdo con el Banco de México, hasta antes de la reforma del 2020, la tasa de reemplazo (TR) era baja. Dicha reforma la elevó de 40% a 59% en personas con ingresos mensuales bajos con posibilidad de acceder a la PG, que si bien es cierto ubica a esta muy cerca de los promedios superiores al 60% que registran algunos países, el debate aún debe centrarse en la TR de los trabajadores con ingresos medios y medios altos que se ubica por debajo de ese promedio.

En los próximos días iniciaremos la discusión en comisiones de la reforma enviada por el Presidente al sistema de pensiones con el objeto (así lo afirmó en días pasados) de que todos los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario mediante el aumento de la aportación del gobierno al ahorro para el retiro.

Nadie en su sano juicio, mucho menos ningún partido político, puede estar en contra de los derechos de las y los trabajadores; nadie puede estar en contra de que se reforme la ley para que se retiren con una pensión digna y justa después de su vida laboral activa.

Si el proyecto del Presidente garantiza que los futuros pensionados recibirán un pago del 100% de su último salario sin dañar las finanzas del país, no existe la menor duda de que votaremos a favor de ella; apoyaremos y haremos nuestro el proyecto si conocemos con certeza y claridad de dónde obtendrá el presidente, el dinero para financiarlo.

Si la intención —como ya vimos— del Presidente es que el proyecto se financiará destruyendo a los organismos autónomos, tampoco tengan duda de que votaremos en contra, por el simple y sencillo hecho de que, además de que no estamos a favor de destruir nuestras instituciones, ese dinero no será suficiente para cubrir las necesidades de gasto que representa ahora y en el futuro, el sistema de pensiones.

Desde este espacio, le reitero al Presidente que estamos a favor de una que cubra una TR del 100%, pero advertimos también que no apoyaremos una reforma que ponga en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas y que tenga por objeto, en época de elecciones, el uso electoral a favor de su partido.

Acción Nacional reconoce que la reforma a las pensiones es urgente y necesaria, por eso, analizaremos otros temas para construir un proyecto integral.

Mientras esto no suceda, seguiremos enfrentando el reto de financiar un gasto creciente en las pensiones de la GA y una mayor presión fiscal derivada del rápido crecimiento de trabajadores en edad de retiro y por supuesto, de las medidas subsidiarias basadas en populismo y no en la fundamentación técnica.