Sin licitar, CFE adjudica 10 mil millones de dólares en proyectos estratégicos

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/ 30 enero 2024

La CFE lanzó procesos de licitación, pero estos quedaron desiertos debido a la incertidumbre sobre los pagos por parte de la empresa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha adjudicado de forma directa más de 10,000 millones de dólares en proyectos estratégicos durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta práctica ha generado dudas sobre la transparencia y la eficiencia de los mismos.

En el caso de las seis centrales de generación prioritarias, la CFE lanzó procesos de licitación, pero estos quedaron desiertos debido a la incertidumbre sobre los pagos por parte de la empresa. Ante esta situación, la CFE adjudicó directamente las obras a empresas como TC Energía y Grupo Carso.

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En total, la inversión en estas seis centrales se estima en 3,445 millones de dólares. Sin embargo, solo una de ellas, la unidad aeroderivada de González Ortega, ha podido concluir sus obras. Los otros cinco proyectos muestran un avance de entre el 60 y el 70%.

Además de las centrales de generación, la CFE también ha adjudicado de forma directa dos proyectos de gasoductos, uno en el sureste del país y otro en el norte. La inversión en estos proyectos se estima en 5,235 millones de dólares.

De acuerdo con expertos consultados por Reforma, es prácticamente imposible que estos proyectos prioritarios de la CFE puedan empezar a operar antes de que concluya la administración del presidente Obrador.

Los expertos señalan que los retrasos en la construcción de estas obras se deben a la falta de pruebas operativas y la interconexión al sistema eléctrico. Además, la falta de transparencia en las adjudicaciones directas ha generado dudas sobre la posible corrupción en estas obras.

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La CFE ha defendido su decisión de adjudicar de forma directa estos proyectos estratégicos.

La empresa argumenta que esta práctica es necesaria para garantizar la seguridad energética del país.

Sin embargo, los expertos señalan que esta práctica es contraria a los principios de transparencia y eficiencia que deben regir la contratación pública.

Con información de Reforma

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