Sumar delitos sujetos a prisión preventiva retrasa la protección de derechos humanos: Coparmex
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La confederación advierte que esta medida podría ser utilizada de manera desproporcionada para objetivos políticos
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) compartió su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
La propuesta fue presentada por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero y fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
La reforma incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros, al catálogo de delitos sujetos a PPO. Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, lo que, según Coparmex, “limita la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas”.
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La confederación advierte que esta medida podría ser utilizada de manera desproporcionada para objetivos políticos.
El comunicado destaca que, en noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminar la PPO, argumentando que esta medida “vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia”.
En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO representa, según Coparmex, “un retroceso en la protección de derechos humanos”.
Coparmex advierte que la inclusión del delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura.
“Además, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo”, afirma el comunicado.
Esto, según la confederación, restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.
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La Coparmex reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que consideran esenciales en cualquier estado democrático.
La confederación se comprometió a seguir analizando en profundidad el impacto de esta reforma y convocará a expertos en derecho penal y constitucional para realizar un análisis integral de la reforma a la PPO, el cual será presentado al Senado de la República para su reflexión previa a la discusión en el Pleno.
Con información de Aristegui Noticias
