Titular de Birmex, acusado de encubrir actos de desaparición
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Refugiada en Estados Unidos, una familiar de las víctimas de este delito, asegura que Jens Pedro Lohmann tuvo conocimiento de los hechos y sigue protegiendo al Ejército pese a la denuncia
CDMX.- Nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Jens Pedro Lohmann Iturburu tiene en su pasado una historia de “encubrimiento” en un caso de desaparición forzada atribuida a personal castrense.
Egresado del Colegio Militar en 1974 –durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”– y durante una carrera de 50 años en el servicio militar, Lohmann Iturburu combatió al narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa, durante los ochenta, como parte del Estado Mayor Presidencial, y fue agregado militar de la embajada de México en Moscú en la extinta Unión Soviética.
El 30 de noviembre Lohmann fue designado encargado de Birmex, siete días después de que López Obrador declarara, durante la 112 Asamblea General del IMSS, que “militares distribuirán medicinas, de ser necesario”.
Un día después de su nombramiento, medios de comunicación publicaron el historial militar de Lohmann, quien antes de Birmex ya ocupaba un espacio civil en el área de salud como director Normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE.
De su paso por el Ejército destaca haber sido comandante de la 36 Zona Militar, con sede en Tapachula; la Sexta Zona Militar, en Saltillo, y la Cuarta Región Militar con sede en Monterrey, en sustitución de Luis Cresencio Sandoval, cuando éste fue nombrado secretario de la Defensa Nacional.
Sin embargo, poco se sabe que durante su gestión como comandante de la Guarnición Militar en Puerto Palomas, Chihuahua, en enero de 2010, Lohmann tuvo conocimiento de la desaparición forzada de los integrantes de la familia Alvarado, los primos Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso emitió una sentencia contra México el 28 de noviembre de 2018, días antes de la toma de posesión de López Obrador como presidente de la República.
Ante el nombramiento del general de División Diplomado del Estado Mayor, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, alerta que es una prueba más de que “el presidente, dándoles todo el poder a los militares como a la Guardia Nacional, al general Lohmann le ha dado un cargo muy elevado. Es importante que se sepa que está involucrado en el caso Alvarado; él tuvo conocimiento de estos hechos a pocos días de que ocurrieran. Después encubrió y sigue encubriendo al Ejército”.
Entrevistada por el semanario Proceso desde su refugio en Estados Unidos, donde ella y buena parte de su familia pidieron asilo ante las amenazas y agresiones sufridas por denunciar a los militares como responsables de la desaparición de sus familiares, María de Jesús resalta que a tres años de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el gobierno de López Obrador se ha negado a acatar.
“Seguimos sin verdad ni justicia; a tres años no se ha cumplido la sentencia. El gobierno sigue siendo indiferente, no vemos que haya un interés. Tenemos más de un año solicitando una reunión con Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), para el cumplimiento de la sentencia y no tenemos respuesta.
“El gobienro de López Obrador sigue en la misma postura de (los de) Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que no fue el Ejército, queriendo decir que fue el crimen organizado, cuando ya hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice claramente que fue el Ejército quien se llevó a mis familiares”, adiverte.
Entre los temas relevantes que señala la sentencia Alvarado, está la obligación del Estado mexicano de efectuar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, que deberá tener como características esenciales “la presencia de altos funcionarios del Estado, incluyendo la Sedena, SSP, SSPC y del gobierno de Chihuahua, así como con la participación de las víctimas de este caso”, instrucción que tenía como plazo un año para su cumplimiento.
Una de las cuestiones estructurales a las que obliga la resolución de la Corte es crear “un registro único y actualizado de personas desaparecidas que genere datos estadísticos que permitan determinar claramente en cuales casos se trata de ‘desapariciones forzadas’”, distinción que hasta ahora no existe en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que al pasado jueves 2 reportaba 95 mil 310 víctimas, sin que se sepa cuántas de ellas fueron desaparecidas por particulares y cuántas por agentes del Estado.
