Trabajadores de la Conaliteg serían encarcelados si no acatan suspensión contra libros de texto
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El juzgado tercero de distrito en materia administrativa respondió que las autoridades educativas están obligadas a acatar la suspensión, otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia el 25 de mayo
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) notificó dentro de un juicio de amparo que está imposibilitada para acatar la suspensión definitiva contra la impresión de los libros de primaria del ciclo 2023-24, pero la jueza del caso respondió que si la autoridad educativa incumple la sentencia, enfrentará penas de cárcel e inhabilitación.
El acuerdo, que se publicó ayer en estrados judiciales, no dio a conocer las razones del organismo público desconcentrado.
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El juzgado tercero de distrito en materia administrativa respondió que las autoridades educativas están obligadas a acatar la suspensión, otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia el 25 de mayo.
La Conaliteg “se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que, de ser omisa, se le harán efectivos los apercibimientos formulados para tal efecto”, señala el resolutivo.
La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara advirtió que, en caso de que la Conaliteg incumpla con el mandato judicial, dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo.
PRISIÓN POR HASTA 9 AÑOS
Ese ordenamiento prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
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El 29 de junio la jueza determinó que las autoridades educativas no acataron la suspensión definitiva y dio un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Educación Pública y la Conaliteg cumplan con la sentencia, lo que a la fecha no ha sucedido.
En la resolución de esa fecha, la togada apercibió que si no se revisan los programas educativos y se verifica el contenido de los libros, se frene la impresión “para garantizar el interés superior de la infancia”.
Con información de La Jornada
