Yeidckol Polevnsky, entre legisladores de Morena acusados de gestionar a favor de minera en Oaxaca

OAXACA, Oax.- Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y Yeidckol Polevnsky fueron acusados de convertirse en gestores de la minera Cuzcatlán y favorecer los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos integrado por 10 comunidades de Valles Centrales de Oaxaca denunciaron que los diputados Santiago Chepi, Domínguez Escobar y Yeidckol Polevnsky, traicionan al presidente Andrés Manuel López Obrador al ponerse del lado de una empresa transnacional sin importar poner en riesgo al pueblo zapoteco.

De acuerdo a integrantes del frente, los tres diputados, junto con funcionarios del gobierno de Oaxaca y representantes de la empresa minera extranjera, se han reunido en diferentes ocasiones para presionar a las autoridades federales y otorguen el permiso ambiental “San José”, así como la “actualización de obras y actividades”, ambos del proyecto minero canadiense.

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Explicaron que Fortuna Silver está tratando de evitar el cierre de una mina de plata ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, ya que su principal autorización ambiental expiró el pasado 23 de octubre, ante ello, la empresa ha buscado una extensión del permiso.

Recordaron que debido a la falta de una resolución en la comunidad han sido asesinados dos defensores de derechos humanos, más de ocho personas heridas con armas de fuego; además de la contaminación de arroyos, ríos, y del aire; además de generar un clima de confrontación en los Valles Centrales.

Es por ello que las comunidades que habitan estos territorios, condenan que líderes, representantes populares y congresistas hagan uso de su poder para beneficiar un proyecto minero.

Con bloqueo carretero piden cancelar proyecto minero San José, en Oaxaca

El Frente No a la Minería pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, porque la minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y los derechos como pueblos indígenas.

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Apenas el 11 de octubre de 2021, con bloqueos en la carretera federal 175 en inmediaciones de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro, el Frente no a la minería por un futuro de Todxs, exigió la cancelación de proyecto minero San José de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.

El Frente No a la Minería pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas porque la minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y los derechos como pueblos indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley”, agregaron.

En respuesta, la empresa Minera Cuzcatlán movilizó a sus trabajadores para que cesen los hostigamientos de pequeños grupos opositores a la minería, al tiempo que piden intervención de autoridades para garantizar su derecho a un empleo digno y permanente.

A través de su cuenta de Twitter @MineraCuzcatlan circulaba la información:

“Cientos de trabajadores de Minera Cuzcatlán, proveedores y sindicato; se manifiestan para que cesen los hostigamientos de pequeños grupos opositores a la minería y piden intervención de autoridades para garantizar su derecho a un empleo digno y permanente.

En un comunicado, la Compañía minera mencionó que en sus más de 15 años de presencia en México y concretamente en el estado de Oaxaca, se ha regido bajo un pleno apego a la ley y cumpliendo puntualmente con sus obligaciones fiscales, regulatorias, laborales, ambientales, en las actividades que realiza tanto en San José del Progreso, como en otros municipios aledaños.

Detalló que actualmente protegen los derechos de una planta laboral de mil 200 mujeres y hombres.

Además, la empresa beneficia anualmente con más de 600 millones de pesos a su área de influencia, a través de salarios bien remunerados, contratación de servicios, prestaciones sociales y convenios con las comunidades en diferentes rubros como: educación, cultura, salud (incluyendo COVID-19), nutrición, proyectos productivos e infraestructura social.

Con información de Proceso