Árbitros electorales, ¿autónomos e imparciales?
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Cuanto más incompetente es la clase política para alcanzar acuerdos, más necesita que alguien imparcial arbitre sus controversias. Esa es su única garantía
El escándalo actual del INE abre de nuevo el debate de contar con un árbitro autónomo e imparcial para organizar las contiendas electorales en México.
Durante todo el siglo 19 y 20, renovamos el poder público con un problema estructural: el fraude electoral. La regla porfirista sostenía que “no importaba quién tuviera más votos, sino quién contara los votos”.
Si al final el gobierno era el encargado de contabilizar los sufragios, la legitimidad de la elección estaba siempre en duda, siempre cuestionada. El gobierno difícilmente aceptaba sus derrotas.
Así se desarrolló una gran parte de nuestra historia bajo el régimen político presidencial: eligiendo a una sola persona o a un solo partido, sin elecciones libres ni auténticas.
Los conflictos postelectorales, por tanto, eran muestra de la inestabilidad política del país. El régimen no aseguraba una renovación pacífica. La falta de legitimidad concentraba el debate nacional en la ausencia de la democracia.
En 1910, la revolución se hizo contra la dictadura. El régimen posrevolucionario, sin embargo, tampoco garantizó elecciones democráticas.
En 1988, como punto de quiebre, se cayó el sistema. El conflicto postelectoral obligó a una apertura democrática; la clase política se vio obligada a acordar una transición a partir de una idea central: contar con un órgano electoral autónomo que asegurara elecciones limpias.
A partir de ahí se diseñaron leyes e instituciones que, por lo menos, aseguraron la alternancia política durante las últimas tres décadas. Desde el 2000, las tres corrientes partidistas más importantes del país han tenido la oportunidad de ganar la presidencia de la República.
Pues bien, cuando creímos que ya teníamos resuelto este problema, la regresión democrática inició: los que llegaron por la vía electoral comenzaron a desmantelar las garantías institucionales y a capturar al árbitro electoral para favorecer sus posiciones e intereses partidistas.
He escuchado decir que el partido oficial no requiere nunca de un árbitro a su modo. Si ese fuera el caso, entonces la pregunta sería por qué siempre les interesa capturarlo colocando a perfiles abiertamente relacionados con ellos, presionándolos para que tomen decisiones cuestionables a su favor, facilitando la concentración del poder en sus personas afines y corporaciones, así como una larga lista de asuntos de notoria parcialidad que se repiten, al margen del partido político.
Todos los partidos, en efecto, hablan de democracia, pero cuando les toca comportarse como demócratas, su cultura política es notoriamente autoritaria: no reconocen sus derrotas, concentran el poder e imponen reglas para favorecer indebidamente sus posiciones.
Cuando el sistema político entra en crisis, todos los partidos vuelven a decir: queremos árbitros autónomos. Pero, en realidad, ¿eso buscan? Porque quien detenta el poder quiere alguien afín a él; quien no lo tiene quiere alguien, por lo menos, no afín a su adversario; y uno u otro que va con el árbitro siempre pretende presionarlo para que decida a su favor.
Por lo tanto, el perfil autónomo de un árbitro no es algo que la clase política desee. En realidad, es algo que necesitan según el mayor o menor contexto de polarización que les impida hacer política.
La fórmula es simple: cuanto más incompetente es la clase política para alcanzar acuerdos, más requiere que alguien imparcial arbitre sus controversias. Esa es su única garantía.
Los árbitros electorales autónomos son, pues, útiles y necesarios, pero realmente son indeseables para la gran mayoría de la clase política. Nadie los quiere. Son incómodos, pero necesarios.
VÍRGENES ELECTORALES
Cuando los partidos buscan perfiles autónomos, acuden a la idea de la virginidad electoral: que no hayan sido amados por los partidos.
Hay que buscar a vírgenes electorales. Por un lado, en la ley se han establecido una serie de prohibiciones a perfiles notoriamente vinculados a un partido, mientras que, por el otro, la idoneidad se discute siempre por el grado de relación que alguien pudiera tener con un partido para bloquearlo o aceptarlo.
Pero en realidad ninguna persona es pura y virgen. La mayoría de los mejores perfiles del primer IFE, por ejemplo, terminaron después de su encargo en diferentes partidos políticos. Pero eso, por sí mismo, no los descalifica si al final de cuentas tomaron decisiones objetivas e imparciales, incluso, en contra de los intereses de los partidos que los apoyaban.
En suma, la pureza electoral es sospechosa: entre más se diga por alguien que es virgen y pura, hay que sospechar más. Eso no se presume. La honorabilidad se tiene por los hechos, se acredita y se debe demostrar día con día.
ÁRBITROS CONFIABLES
Entonces, si no hay vírgenes electorales, ¿cuál es el árbitro confiable?
Hace tiempo, un gran constitucionalista español me decía que la mejor integración del Tribunal Constitucional fue la primera. No sólo por sus altos perfiles, sino sobre todo porque los partidos no sabían del poder que se podía ejercer en ese tribunal y se concentraron en conformarlo con los mejores.
Una vez que los partidos entendieron el poder de un árbitro constitucional, las subsecuentes integraciones quisieron coptarlo. Eso es lo que pasa: los partidos buscan siempre perfiles afines para poner a su lado la balanza de la justicia.
Bajo esta realidad, otro profesor alemán me decía entonces que lo mejor era buscar una persona confiable; es decir, que tuviera el mayor consenso de la mayoría de los partidos hacia sus méritos profesionales y académicos, pero sobre todo que fuera una persona con una gran reputación profesional y personal, porque eso iba a ser lo único que iba a defender a la hora de las situaciones difíciles: su honorabilidad.
Para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, ¿será muy difícil que los partidos puedan consensuar un perfil que les ofrezca un árbitro imparcial?
Yo digo que no. Basta nomás que, con sentido común, asuman un momento de lucidez democrática. Si no, seguiremos teniendo el problema que creímos haber resuelto: elecciones sin árbitros confiables que pongan en duda los triunfos del gobierno en turno.
Y eso no es para siempre...