El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito ratificó una sentencia histórica que obliga a las autoridades mexicanas a proteger el acuífero principal de la Comarca Lagunera, dejando sin efecto el amparo promovido por 29 concesionarios de aguas, que buscaban revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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